Activistas de Azul Positivo siguen en libertad condicional

Julio Gutiérrez / Maracaibo, Zulia / [email protected]
Los cinco integrantes de la ONG zuliana, que este sábado 8 de mayo celebra 17 años de fundación, permanecen bajo medida cautelar sustitutiva de libertad a tres meses de su excarcelación, que cumplen el próximo lunes 10 de mayo
Fotos: Azul Positivo

Fotos: Azul Positivo

Los cinco activistas de Azul Positivo que fueron excarcelados el pasado 10 de febrero, tras 30 días detenidos por la acusación de los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales, siguen tres meses después en libertad condicional.

Según confirmó una fuente a La Verdad, Johan León Reyes, director general; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, permanecen bajo medida cautelar sustitutiva de libertad.

Acuden cada 30 días ante el Tribunal Cuarto de Control del Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, que lleva su caso a presentarse, aunque solo dejan constancia de ello a través de su cuenta en Twitter, debido a que las presentaciones están suspendidas por la pandemia de Covid-19, y tienen prohibición de salida del país.

“No ha habido un cambio significativo en el caso. En un lapso de seis meses posteriores a la excarcelación puede darse una decisión definitiva del tribunal, pero por la radicalización de la cuarentena la fiscalía y el tribunal están atendiendo con prioridad los casos de privados de libertad”, señaló el informante.

Sin embargo, ellos “están atentos a un feliz término del caso, la libertad plena, porque está más que claro que los tres delitos que se les pretenden imputar son completamente ilógicos, no tienen sentido, no han tenido la capacidad de comprobarlos, porque no se cometieron”.

Cabe recordar que seis integrantes de la ONG zuliana, con 17 años de labor ininterrumpida en la prevención del VIH y las ETS en el estado, que celebran este sábado 8 de marzo "en una de las circunstancias más difíciles de su historia", según señala en nota de prensa, fueron detenidos el pasado el pasado martes 12 de enero en su sede, en el centro comercial Aventura.

Esto por el financiamiento de tarjetas de alimentación que otorgaba a comunidades vulnerables de Maracaibo y San Francisco a través de su programa de ayuda humanitaria.

Alejandro Gómez Di Maggio, quien se desempeñaba como chofer, fue liberado la madrugada del día siguiente, mientras León Reyes, Bermúdez Gutiérrez, Gutiérrez Díaz, Gómez Di Maggio y Ferrebuz permanecieron en la sede la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del Zulia, en la zona norte de Maracaibo.

La noche del jueves 14 de enero, el tribunal les dictó medida preventiva privativa de libertad.

El aniversario 17

A pesar de la falta de libertad plena, los tres directivos y otros dos miembros así como el resto de los integrantes y los más de 20 voluntarios y profesionales de Azul Positivo “siguen trabajando”, aseguró la fuente.

Ya la primera semana de marzo retomó la organización su labor humanitaria en las comunidades tras la suspensión de sus labores el 12 de enero.

Suma en atención Acción Zuliana por la Vida, nombre con el que fundó en 2004, 77 mil 842 beneficiarios de sus diferentes programas en 83 centros poblados del Zulia. Entre ellos también se cuentan, además de la prevención en VIH, la prevención de la violencia basada en género, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, y más recientemente la prevención del Covid-19 desde el fortalecimiento de las estructuras comunitarias y las respuestas locales ante el coronavirus, indica la nota de prensa.

En sus redes sociales en Instagram informaron el 26 de marzo que, en su primer trabajo del año fuera de la capital zuliana, realizaron sesiones educativas sobre salud sexual y pruebas rápidas de VIH y sífilis en el Servicio Médico de la Primera Compañía del Destacamento 112 de la Guardia Nacional en San Rafael de El Moján, en el municipio Mara.

El informante destacó que “han fortalecido las líneas de atención remota”. Hizo referencia a la gestoría de casos de violencia de género, con la asistencia presencial a través de citas personalizadas con el orientador o la psicóloga en caso que sea necesario y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.

Igualmente, a la atención de personas  que viven con VIH a través de una consejería vía telefónica, también por la pandemia de Covid-19 y las dificultades de movilización.

Además, de la mano con comunidades organizadas realizan actividades asociadas a la prevención de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en ocho sectores de cinco municipios de la entidad: 3 en Maracaibo, 2 en Mara, 1 en Santa Rita, 1 en San Francisco y 1 en Jesús Enrique Lossada, detalló.

Entregan kits de higiene y preparan a los líderes de comunidades como multiplicadores de la información “para una respuesta efectiva y no bajar la guardia frente la Covid-19”.

En ocasión del aniversario 17, Azul Positivo realizará la próxima semana cuatro jornadas diarias de entrega de kits de higiene para la prevención de la enfermedad a mil personas en las mencionadas comunidades, “cumpliendo también con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento físco”

Efectuará, además, la cuarta jornada de prueba rápida de VIH y sífilis del año, cuya fecha anunciará a través de sus redes sociales.

Por la libertad plena

Vale destacar que la ONU, el gobierno de Estados y organizaciones internacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en el mundo y en el país han solicitado la libertad plena de los cinco activistas de Azul Positivo.

El jueves 18 de febrero, expertos en derechos humanos de la ONU pidieron a la administración de Nicolás Maduro el retir de los cargos.

“Pedimos a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional de derechos humanos y que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos”, declararon los expertos.

Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, exigió el 12 de febrero a Nicolás Maduro “retire todos los cargos”.

Un día antes, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) publicó en su cuenta en Twitter: “Exigimos su libertad plena. La asistencia humanitaria NO es delito”.

Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) tuitió: “Persiste la injusticia. Dar ayuda humanitaria NO es delito. Exigimos libertad plena”.

“Seguiremos exigiendo su libertad plena y el respeto a su legítimo trabajo por los derechos de las poblaciones más vulnerables”, escribió Civilis DDHH en la referida red social.

Mientras que Acción Ciudadana Contra el SIDA (Accsi) manifiesta también a través de Twitter: “Aún queda el reto de conseguir libertad plena. Jamás debieron estar presos”

En ese sentido, Amnistía Internacional celebró “que estén con sus familias”, pero advierte que seguirá “exigiendo fin de la criminalización” del trabajo humanitario en el país.

Pero, insiste en que “los presos de conciencia” (…) “nunca debieron pasar un día en prisión porque defender #DDHH no es un delito”, publicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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