Fiscal de CPI desmiente acusaciones de la administración de Maduro

Agencias / [email protected]
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, desmintió a la estructura de Maduro y sus acusaciones sobre supuesta falta de cooperación de su oficina con Venezuela; y reiteró que “la mayoría de los criterios” del examen preliminar se han cumplido

Cuando faltan pocos días para abandonar su cargo, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CP), Fatou Bensouda, se refirió al examen preliminar por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración de Nicolás Maduro.

La fiscal desmintió  a la estructura de Maduro y sus acusaciones sobre supuesta falta de cooperación de su oficina con Venezuela; y reiteró que “la mayoría de los criterios” del examen preliminar se han cumplido.

En entrevista con France24 , Bensouda informó que su oficina está muy cerca de decidir si el caso de Venezuela pasa a la siguiente fase con la apertura de una investigación formal. “La mayoría de los criterios para culminar el examen preliminar, se han cumplido”, afirmó.

Además, la fiscal desmintió a los funcionarios de Maduro, como Tarek William Saab, que han acusado a la CPI de no cooperar con el Estado venezolano y de negarle el derecho a la defensa.

“Con total respeto, es incorrecto. Mi oficina se ha comprometido extensivamente con Venezuela incluso con la más alta autoridad“, respondió Bensouda.

Proceso en La Haya

El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitando que se investiguen los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente desde al menos abril de 2017.

Ahora, la instancia se encuentra evaluando la complementariedad de la Corte para investigar y juzgar estos crímenes, y en los próximos días anunciará si abre una investigación formal, fase en la que se imputarían cargos en contra de funcionarios del régimen chavista responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.

 

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