Concejales se pronuncian sobre Ley de Armonización Tributaria en Maracaibo

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Concejales de Maracaibo aseguran que la Ley de Armonización Tributaria atenta contra la descentralización y va en contra de la atribución que le otorga la Constitución a las Alcaldías de recaudar sus impuestos 

Foto: Cortesía

Apoyando las políticas económicas y administrativas, los concejales se pronunciaron sobre el proyecto de Ley de Armonización Tributaria, aprobada en su primera exposición en la Asamblea Nacional y pronta a llevar a consulta pública, para esgrimir acuerdos y desacuerdos en torno a su contenido.

José Bermúdez, presidente de la Comisión de Ordenanzas del Progreso del Concejo Municipal de Maracaibo, señaló que el proyecto de Ley seria “un paso hacia la recentralización financiera” y explicó que lo planteado por la Asamblea Nacional, “abre la puerta a que, no solo se coloquen las alícuotas para los diferentes tributos, sino que también se puedan manejar directamente la recaudación de los municipios”.

“Escribir en una ley que el Ejecutivo puede recaudar los impuestos municipales, va en contra de las atribuciones que la Constitución le da a las Alcaldías de recaudar sus impuestos. Esto traería consecuencias nefastas para los planes locales de desarrollo de cada entidad”, sentenció Bermúdez.

El texto del proyecto de ley no aclara la nueva forma de recaudar los impuestos, lo que podría permitir que los tributos municipales, sean calculados y administrados por el Ejecutivo y transferidos cuando sea considerado hasta los organismos municipales a cargo.

“Todos sabemos que, de concretarse así, la distribución dependerá del grado de afinidad política existente entre el nivel central y el municipal. Es decir, centralización a su máxima expresión, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos en los municipios”, opinó Bermúdez.

Favorable

El concejal Bermúdez, señaló que del proyecto de ley puede rescatarse la exigencia surgida desde el seno de los concejales del municipio Maracaibo y la Asociación de Alcaldes del Zulia, en cuanto a que, al menos un 3 por ciento del IVA sea distribuido entre las regiones y municipios, como un ingreso extra para invertir en obras de infraestructura de envergadura.

“Mi mensaje es a todos los factores políticos, sociedad civil, gremios y cámaras empresariales; es que elevemos nuestro rechazo a esta ley centralizadora y propongamos mayores transferencias de recursos para dar respuesta a temas tan complejos en las regiones como el de los servicios públicos, la salud, educación, el agua y la electricidad; los cuales requieren grandes inversiones y atención desde sus autoridades locales por ser las más cercanas a su hábitat”, concluyó Bermúdez.

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