Alcaldías de Machiques y Rosario de Perijá podrían desaparecer

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Ely Ramón Atencio, alcalde rosarense, condenó que como autoridad local, no hayan sido consultados sobre la Ley de Armonización Tributaria para Estados y Municipios que discute la AN y que podría eliminar a estas Municipalidades
concejales

Foto: Prensa Alcaldía de Rosario de Perijá

Los concejales de Machiques y Rosario de Perijá declararon este jueves la alarma, emergencia y la hora cero ante el avance de la discusión en la Asamblea Nacional electa en el 2020, del proyecto de Ley de Armonización Tributaria para Estados y Municipios, presentado por el Gobierno nacional "que resultará en la apropiación de recursos propios generados y al seguro cierre de los gobiernos regionales y locales".

Esta declaración conjunta de las Cámaras Municipales de Machiques y Rosario de Perijá, respectivamente, la leyó el alcalde rosarense, Ely Ramón Atencio, asegurando que la “Cámara Municipal del municipio hermano Machiques de Perijá y los concejales de la Cámara Municipal de Rosario de Perijá, conjuntamente con éste servidor como Alcalde, se ha sometido a consideración una exposición de motivos donde se demuestra claramente la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se imprime en la Ley Tributaria para Estados y Municipios, presentada por el Gobierno Nacional ante la Asamblea Nacional”.

Denuncian que con este instrumento legal por parte de la AN, las alcaldías de estos municipios podrían desaparecer.

En su declaratoria por escrito, Atencio dando a entender en términos de economía la cercanía de un “default”, explicó que eso viene así “y partiendo de la fase en que está esta Ley, ya aprobada en primera discusión, en el análisis que se establece y en donde no hemos sido consultados como lo dice la Ley y la Constitución, hoy se ha aprobado por unanimidad un acuerdo de ambas Cámaras Municipales de rechazo de esta Ley de Armonización Tributaria”.

“Hemos”, aseguró, “ fijado nuestra posición ante una pretensión con la que no estamos de acuerdo, porque se cercenan todas nuestras garantías constitucionales y cierra técnicamente a las Alcaldías y Concejos Municipales en cuanto a la legislación tributaria y a la programación de inversión y programas sociales que parten de los ingresos propios, atribuidos por las ordenanzas de actividades económicas especiales y contribuyentes locales”. 

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