Pueblos indígenas del Zulia sufren por abandono

Redacción Zulia / [email protected]
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reporta la situación y condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de la región

(Foto Archivo)

El estado Zulia concentra la mayor población indígena de Venezuela, entre las etnias wayuu y añú, que se ubican en el territorio de la Guajira (norte del estado Zulia, en la frontera con Colombia). Así como también las etnias barí, japreria y yukpa, que habitan en la Sierra de Perijá (occidente del estado Zulia, frontera con Colombia). 

En el boletín de agosto 2021, se reporta que las comunidades indígenas continúan padeciendo el abandono institucional ante sus múltiples necesidades, que se han exacerbado con las consecuencias de la pandemia por Covid-19, y con el agravante que en los últimos años la desatención ha llegado a tal extremo que no se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia.

Según el Inso Encovi 2020, el 71% de los hogares del municipio Guajira viven por debajo de la línea de la pobreza extrema, el 66% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni tienen empleo, el 100% de los hogares presenta inseguridad alimentaria, el 94,3% se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o severa, y solo el 5,4% pudo pagar por atención médica.

La Guajira sin acceso a servicios básicos

El boletín reporta que para 2021, las deficiencias del servicio eléctrico persisten con particular gravedad en la Guajira. A lo largo de estos siete meses se pudo constatar la ineficiente prestación de este servicio público, hasta el extremo que hubo sectores que llevaban más de un año sin electricidad.

A inicios de marzo, 100 comunidades del municipio Guajira permanecieron 65 horas sin fluido eléctrico, implicando un desgaste físico y emocional para sus habitantes, además de pérdidas económicas en el escaso sector comercial de la región.

La falta de servicio de agua potable continúa siendo uno de los mayores problemas en la región Guajira. Una de las más resaltantes estuvo relacionada con el alto precio de la pipa de agua vendida por los camiones cisternas. La pipa, que solo alcanza para unos dos días, estuvo valorada en enero de 2021 en 2 millones de bolívares, el equivalente a 1,29 dólares en ese momento, pero hay sectores donde ni siquiera pasan estos camiones, como es el caso de la comunidad Fundo El Carmen.

Inseguridad alimentaria

El acceso y la disponibilidad de los alimentos entre las familias de la región Guajira es una de las problemáticas más impactantes de esta zona destaca Codhez en su estudio mensual.  

A más de un año desde del inicio de la cuarentena social y colectiva, en medio de la pandemia y el desorden institucional al fijar semanas radicales y semanas flexibles de acuerdo al arbitrio del gobierno, las familias del municipio Guajira viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes. Esta situación de incertidumbre afecta a más del 80% de la población del municipio quienes vive del trabajo diario.

Muchas familias indígenas se ven obligadas a pagar multas para circular por los pasos hacia Colombia para buscar comida. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira manifiesta que el gobierno nacional no garantiza la frecuencia de la entrega de programas de alimentación en medio del contexto por la pandemia. 

Garantía de derechos sin discriminación ni restricciones

Para Codhez, la intermitencia del servicio eléctrico, la falta de agua potable, el hambre, la malnutrición, las enfermedades, la falta de instrucción educativa, la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, entre otros factores, agrupan una realidad multidimensional de pobreza y precarización en la que viven los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Zulia.

En el contexto de la pandemia, Codhez advierte que “ha habido un acelerado retroceso en derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas, todo lo cual de manera inevitable deriva en daños irreparables en el ser y existir de estos pueblos ancestrales, bajo la inacción e indolencia gubernamental”. 

La organización de derechos humanos exhorta al Estado venezolano asumir la responsabilidad de materializar políticas públicas que respondan a las problemáticas que padecen las comunidades indígenas. Urge dictar medidas sostenidas y de impacto para el rescate de la vida e integridad, así como la preservación de las tradiciones y costumbres de quienes ancestralmente han habitado el territorio nacional y merecen vivir con dignidad y con la plena garantía de sus derechos humanos.

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