Estado de Alarma por Covid-19 vulnera derechos humanos en Zulia

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Codhez presentó su Informe Anual 2020 sobre la Situación General de los Derechos Humanos en el estado Zulia donde se evidencia la precaria calidad de vida de la población zuliana

(Foto José Nava)

Durante el año 2020, la precaria calidad de vida de la población zuliana se agravó con la llegada de la pandemia del Covid-19 al país. Así lo evidencia el Informe Anual 2020 sobre la Situación General de los Derechos Humanos en el estado Zulia, elaborado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

Está compuesto por cinco capítulos en los que se describe el panorama general de la situación de la región durante el primer año de pandemia, los derechos a la integridad personal, la vida y seguridad ciudadana, la emergencia humanitaria compleja, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la educación y los derechos ambientales.

Zulia en pandemia

Para Codhez, las medidas excepcionales dictadas en el marco del Estado de Alarma, lejos de contener la propagación de la Covid-19, han servido como instrumento para el control exagerado de la cotidianidad del zuliano. La medida de prohibición de acceso de gasolina a la población en general, vigente durante varios meses de 2020, fue inconstitucional y violatoria a los derechos humanos. No se encontraba prevista en el decreto nacional de estado de alarma, tampoco en el decreto regional sobre “estado de alerta”.

Pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud fueron los más afectados por la falta de distribución de combustible. Codhez denuncia, que, desde el inicio de la pandemia, no existió un plan para la atención priorizada de las personas en situación de vulnerabilidad, que fueron sometidas a padecimientos y maltratos en las estaciones de servicio.

Desde mucho antes de la declaratoria de emergencia sanitaria y de salud, la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos y productos de primera necesidad se encontraban entre las más importantes preocupaciones de los zulianos. El alto costo de la canasta básica, la escasez de ciertos productos, y los irrisorios ingresos de los hogares, han impedido que las familias puedan abastecerse de forma plena y satisfacer sus necesidades fundamentales.

Precariedad en servicios públicos

En este capítulo del informe, Codhez ratifica que en 2020 la región zuliana continuó atravesando la peor crisis eléctrica de su historia con apagones generalizados y bloques de racionamientos que fueron aplicados en muchos sectores de forma indiscriminada e intempestiva.

También destaca la crónica escasez de agua registrada durante todo el año 2020, en un contexto en que la principal forma de evitar la propagación y contagio de la pandemia es que las personas laven sus manos de manera constante y mantengan sus espacios limpios. 

Así, por ejemplo, a principios de la cuarentena, desde el 13 hasta el 24 de marzo se reportó que al menos 87 sectores del Zulia, ubicados en 8 municipios y 31 parroquias, en las que residen más de 2 millones de personas, denunciaron dificultades de acceso al agua potable.

Las constantes fallas en la distribución del servicio de agua potable, derivó en que las familias zulianas se vieran en la necesidad de buscar agua por cualquier medio. Muchos caminan extensos recorridos varias veces a la semana para abastecerse de agua en tuberías clandestinas en plazas, avenidas o cañadas, en donde hay aglomeración de personas en la misma actividad, esto en detrimento de su propia salud pues deben levantar pesados botellones y luego llevarlos caminando hasta sus casas. 

Consideraciones finales

Para Codhez, la crisis que padece el Zulia se debe a problemas de gran envergadura que requieren acciones inmediatas pero sostenibles y sustentables que atiendan a los preceptos constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna. 

Codhez advierte que la lucha contra la pandemia de Covid-19 no puede desviar la atención de las necesidades más básicas de la población. La garantía actual del derecho a la salud está relacionada con la vigencia y observancia de otros derechos como calidad de vida, alimentación adecuada, educación, libre tránsito, información, entre otros, y a ello debe abocarse de inmediato el Estado venezolano, de conformidad con las obligaciones previstas en el artículo 19 de la Constitución nacional.

Los organismos internacionales de protección también deben estar atentos a lo que ocurre en Venezuela, más aún considerando el contexto de emergencia humanitaria compleja y la evidente precariedad institucional que existe en el país, donde la arbitrariedad es recurrente e impune.

Para acceder al informe completo visite www.codhez.org

 

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