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Restricciones a emigrantes Venezuelanos estimulan redes criminales

Redacción Zulia / Maracaibo/ noticias@laverdad.com
 El equipo de investigadores de InSight Crime en Colombia ha comenzado a detectar, en sus trabajos de campo, el reclutamiento de venezolanos por y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

(Foto: Archivo).

Según la ONU, “aproximadamente 2,3 millones de venezolanos, de los 32,8 millones de habitantes, han huido del país principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil hasta junio de 2018”, debido a la crisis. Los emigrantes, como ha ocurrido en otros éxodos en el continente, se han convertido en presa fácil de las redes de crimen organizado.

“La desesperación abre camino a todo tipo de redes delincuenciales de trata y tráfico de personas, explotación y prostitución forzada, esclavitud y reclutamiento criminal. Están haciendo ‘fiesta’ con los venezolanos. Todo esto está en pleno desarrollo y no hay manera de medirlo, porque se trata de redes invisibles, pues las víctimas no denuncian”, dijo a InSight Crime Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, especializada en temas migratorios, de trata y tráfico de personas.

Borges explicó que “en este momento la migración de venezolanos debe ser calificada como una migración forzada, pues no se planifica y es por supervivencia. Este perfil de migrantes es triplemente vulnerable a las redes de criminalidad y los diferentes países (de tránsito y receptores de migrantes) tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes y prevenir estos riesgos”, afirmó.

El equipo de investigadores de InSight Crime en Colombia ha comenzado a detectar, en sus trabajos de campo, el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Incluso, en junio, cuatro venezolanos, que se habían unido a estas mafias formadas por exguerrilleros, murieron durante un bombardeo de las autoridades colombianas.

La experta afirma que las medidas restrictivas (como las implementadas por algunos gobiernos de la región) “exponen a los migrantes venezolanos y abren espacios para el tráfico y la trata de personas, pues son personas en condición irregular dispuestas a aceptar cualquier cosa que les ofrezcan”.

Lilian Aya Ramírez, socióloga y abogada venezolana radicada en Colombia, quien se ha dedicado a estudiar la situación de los migrantes venezolanos, coincide con su colega y agrega que “por donde pasa la trata de personas, pasa la droga y pasan armas”. Además, mencionó, se están detectando mayor número de venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

“A mayores controles, las personas van a buscar la forma de pasar y los propios funcionarios se van a prestar para cometer irregularidades, para meter a los migrantes. Esto dará origen a un mercado clandestino. La migración ilegal no implica trata de personas, pero eso es una manera de chantajear, controlar y manipular a los migrantes”, aseguró Ramírez a InSight Crime.

Por otra parte, destacó que “la mayoría de los migrantes son gente muy joven y esto los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. He conseguido casos en Bogotá de muchachos que han sido captados en Venezuela a través de ofertas de empleo falsas y cuando llegan a Colombia [descubren que] se trata de redes dedicadas a la explotación y [la] esclavitud modernas”.

Aunque la Declaración de Quito representa un primer paso en la región para atender el grave problema migratorio generado por la situación de Venezuela, este esfuerzo podría no ser suficiente para resolver el problema.

Por otra parte, el documento no menciona acciones concretas por parte de los Estados para proteger a los migrantes en condiciones de vulnerabilidad de los grupos criminales.

Además, aunque el acuerdo hace referencia al tráfico y la trata de personas, no profundiza en este problema criminal ni aborda otros aspectos del crimen organizado, como el posible reclutamiento por parte de grupos criminales de inmigrantes hambrientos, sin dinero y provenientes de uno de uno de los países con más altos índices de criminalidad en la región.

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