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Venezuela, el país de las marañas

Francisco Rincón / noticias@laverdad.com
Desde obtener una cédula hasta recoger la basura, se convirtió en un “gran” negocio que se fragua detrás de cada habitante. La escasez, carencia de valores, burocracia y corrupción, que según Transparencia Internacional, aumentó en los últimos años, se infiltró en todos los espacios del ámbito nacional   

La crisis Venezolana sacó lo mejor y peor de los venezolanos, quienes a diario luchan en una “selva de concreto” para sobrevivir en un país en el que se paga por todo. Adquirir un pasaje aéreo que no se consigue, apostillar un título, restablecer el flujo eléctrico, comprar una batería o retirar la basura que se encuentra frente a los hogares, se transformó en un “infierno” para los habitantes, mientras que a sus espaldas se maneja un negocio paralelo e ilegal que promete “solucionar sus problemas”. 

Hacer colas, aguantar calor, exponerse al hampa, tener pereza o no tener tiempo, pasaron a segundo plano, porque los gestores, vendedores y “amigos” hacen el trabajo. En camionetas o a mano, familias recogen los desperdicios cobrando un porcentaje a falta del servicio de aseo urbano, otros exigen dinero para reparar un bote de aguas o llevan bombonas de gas a las casas en carretillas, tras llenarlas por “nada”. 

Venezuela ocupa la posición 166 del índice sobre la percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional que evalúa a 176 países. Las acciones de la población, no solo quedaron plasmadas en la realidad y distintos estudios dejaron constancia que los valores se “pudrieron” y unos bolsillos se llenaron, mientras que otros se vaciaron. La corrupción en el país se aceleró y en menos de 10 años cayó ochos escalafones en el índice de Transparencia Internacional que mide su percepción, al mismo tiempo que otros ganaron. 

Raspar el punto  

Poseer efectivo se transformó en un gran negocio que aprovechan quienes hacen avances y cobran hasta un 45 por ciento por "soltar" los billetes. Otros compran el papel moneda en grandes cantidades, para comercializarlos hacia Colombia u otros destinos donde obtiene cambio a altas sumas de dinero. El movimiento de capital venezolano hacia otras latitudes, sirve para financiar grupos delictivos, falsificar dólares, comprar drogas y armas, además de contratar prostitutas, según denuncias. Incluso, fuentes revelan que bancos cafeteros también se benefician. 

Salud como negocio 

Con una escasez de medicamentos que, según la Federación Farmacéutica de Venezuela, ronda el 85 por ciento, para los venezolanos es un “drama” enfermarse. Desde un antibiótico hasta un medicamento de alto costo para tratar el cáncer pueden conseguirse a través de intermediarios o en ventas improvisadas en mercados populares. La crisis es capitalizada por especuladores y "bachaqueros" que se dedican a traficar los fármacos y forman parte de un negocio redondo. Medicinas de uso institucional son vendidas en blíster y sin permisos sanitarios, mientras que los tentáculos delictivos arropan a dueños, encargados, proveedores y cajeros de comercios o droguerías, al igual que vendedores informales y organismos de seguridad.   

Hambre por ración 

Las dificultades para acceder a los alimentos que vive el 93,3 por ciento de los hogares venezolanos, según Transparencia Venezuela, sumado al tráfico de influencias, falta de producción, importaciones fraudulentas, expropiaciones y presupuestos multimillonarios que manejaron los militares durante la “revolución”, son aprovechados por personajes que se dedican a la sustracción, distribución o reventa de productos como la leche, arroz y azúcar, en comercios establecidos, bodegas o mesas a precios exorbitantes. También pueden conseguirse mercancía del CLAP o combos que incluyen artículos de primera necesidad acompañados de otros no salidores. 

Sin identidad 

Contratar a Albet, una empresa del Gobierno cubano en 2007, para elaborar la nueva identificación para Venezuela (que estaría lista en 2012) y adjudicarle más de 170 millones de dólares, de acuerdo a una investigación de Armando.Info, no fue suficiente para evitar los problemas de cedulación en el país. La lista también incluye el pasaporte, que es ofrecido por gestores por 174 mil bolívares y una licencia de conducir que ronda los 45 mil. La maraña de la que obtienen su tajada, personas ajenas a las instituciones del estado y funcionarios públicos, garantiza el documento, la pero no tranquilidad.  

Pensiones hipotecadas

Obtener una pensión se hace cuesta arriba para los mortales, en un país cuyo Gobierno dice beneficiar a más del 90 por ciento de la población con la edad correspondiente. Por debajo de la mesa, cualquiera puede obtenerla, desde un abuelo que trabajó, pero no cotizó, hasta un joven que optó por la incapacitación. Todos pueden cobrar, pero antes deben cancelar 300 mil bolívares a intermediarios que exigen el dinero por partes, completos o al estar en sistema. Número de cédula, nombre y déposito son los únicos requisitos a entregar. 

Sin ley

Ser detenido por infracciones de tránsito no representa un dolor de cabeza si existe dinero de por medio. Las multas se transformas en documentos inertes, mientras las autoridades reciben el efectivo silente. Más de 10 mil bolívares llegan a quitar o “algo para los refrescos”. Muchos permanecen en lugares estratégicos pendientes de la “movida” y esperando al infractor. 

A la caza del plástico 

Algunos trabajadores de entidades bancarias y personas ligadas con misiones gubernamentales tampoco pasan por alto la oportunidad de guardarse algo en los bolsillos y entregan importantes sumas de efectivo, tarjetas como las de Hogares de la Patria, débito y crédito, por un monto respectivo. Ser incluido en una lista que “va hasta Caracas” para conseguir el “plástico” gubernamental, se logra por 10 mil bolívares o más.  

Desconexión con solución 

El robo masivo del cableado de fibra óptica que desconectó miles de hogares y comercios venezolanos, generó cuantiosas ganancias a personas que “trabajan” para restablecer el servicio que ofrece CANTV. Según denuncias, trabajadores de la compañía hacen de las suyas cobrando “por fuera” y exigen hasta 100 mil bolívares por reconexión o cambio de líneas. En las oficinas de la empresa estatal niegan el servicio por “falta de equipos o piden hacer el reclamo y esperar”. 

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