Diario La Verdad

Se acentúa la reacción internacional. Mientras el propio presidente Hugo Chávez, y varios funcionarios de alto cargo, insiste en negar la presunta masacre en la que murieron 80 indígenas del Alto Orinoco, en Amazonas; organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Survival International denuncian que se le ha restado importancia al hecho y exhortan que se realice “una investigación exhaustiva hasta determinar en forma concluyente lo ocurrido”.

El primer mandatario lo dijo el miércoles en cadena nacional de radio y televisión. "Tras intensas averiguaciones, se determinó que no se ha encontrado por ningún lado rastros ni testimonios de masacre alguna". 

Pidió pruebas a quienes denunciaron el supuesto atentado perpetrado por los garimpeiros de Brasil, y aseguró que los medios que difunden la noticia apuestan por dañar su gestión en medio de la campaña por las elecciones presidenciales. 

Ayer, tanto Nicia Maldonado, ministra para los Pueblos Indígenas y Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, ratificaron la versión del presidente Chávez y recordaron que se designó a una comisión especial que se trasladó hasta el lugar donde habría ocurrido la denuncia para realizar la investigación correspondiente.

Ortega pidió el cese del hostigamiento por parte de la CIDH al Estado venezolano, al tiempo que anunció una jornada social y recreativa para los niños de las distintas etnias indígenas de Amazonas.

Respaldo

A pesar de las declaraciones oficiales, activistas indígenas aseguran que la comisión del Gobierno no llegó a la comunidad de Iratotheri, donde un grupo de garimpeiros llegaron en helicóptero, y desde el aire abrieron fuego contra los Yanomami y les lanzaron explosivos. O al menos así lo aseguran tres sobrevivientes, que al momento del ataque estaban de cacería. La denuncia la respaldan 14 organizaciones indigenistas.

Stephen Corry, director de Survival International, criticó la falta de acciones concretas por parte del Estado. “Si el Ejecutivo se preocupara realmente del bienestar de sus pueblos indígenas, ya estaría tomando medidas para expulsar a los buscadores de oro de la tierra de los indígenas, en vez de tomarse tantas molestias en negar que se produjera una confrontación violenta entre los mineros y los indígenas". 

Aseguró que los pueblos indígenas han sido maltratados tanto por gobierno de izquierda como por la derecha, durante generaciones. "Se está comportando como los gobiernos latinoamericanos siempre lo han hecho, poniendo la protección de su propia reputación por encima de las vidas de sus indígenas. Lo próximo que dirán es que somos parte de una conspiración capitalista para desestabilizar al Gobierno ante las próximas elecciones”.

4 días duró la investigación del Gobierno, del jueves al domingo pasado.

Runrunes

En su columna Runrunes, el periodista Nelson Bocaranda informó que la Policía Nacional de Brasil (PNB) realizó una operación en julio en la región de Awara, en el Amazonas, y detuvieron a 26 personas señaladas de pertenecer a “empresas vinculadas a la joyería, propietarios de balsas mineras y motores. Pilotos de avión y helicópteros y mecánicos muchos de ellos”. 

Decomisaron 11 aeronaves y estarían buscando a 44 personas más, pues ya las 26 detenidas están en juicio. La PNB determinó que en el área de la frontera Brasil/Venezuela operan cinco grupos criminales integrados por gente como esas. Ellos estarían vinculados con la matanza que habría ocurrido en suelo venezolano. 

07 de Septiembre de 2012 - 12:30am