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"El plan cayapa es un fracaso"

Ana Karolina Mendoza / Maracaibo / amendoza@laverdad.com
Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una ventana a la Libertad, destaca que a las jornadas judiciales en otros penales pueden resultar "infructuosas". Al menos el 60 por ciento de los cuatro mil 168 reclusos trasladados de la Cárcel Nacional de Maracaibo a otros 13 penales espera los beneficios de libertad

A 30 mil privados de libertad, de los 62 mil que conforman la población reclusa nacional, ha asistido el plan Cayapa Judicial, según el último balance que ofreció, el pasado 28 de agosto, por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Durante la crisis carcelaria en Zulia, que desencadenó el desalojo de la Cárcel Nacional de Maracaibo, ella misma otorgó beneficios de libertad a todo el recluso que presentara una carta de trabajo, otra de buena conducta, además de una prueba psicotécnica.

Esos eran los requisitos necesarios para que los funcionarios del Circuito Judicial Penal y del ministerio Público emitieran las boletas de excarcelación. Los familiares de más de uno corrieron entre el 19 y 20 de septiembre pasado para tener los documentos y evitar el traslado de su pariente. Aún no se sabe a cuántos le otorgaron los beneficios procesales. No hay parte oficial.

Pero al menos el 60 por ciento de los cuatro mil 168 reos enviados a otros 13 penales del país esperan que las "cayapas" para quedar libres. Pero si los jueces y fiscales los atienden en Tocorón, Uribana, en Coro, Puente Ayala, Vista Hermosa y el resto de las penitenciarías no les servirá según lo explica Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Venta a la Libertad: "La medida sustitutiva de libertad es un derecho del que gozan todos los reos cuando le falte un cuarto de pena por cumplir. Pero esto solo puede procesarlo el tribunal que lleve su causa en la ciudad donde esté radicado su expediente. Por ejemplo a un recluso que haya cometido un delito en Maracaibo y lo condenaron los jueces y fiscales de esa ciudad, deben atenderlo ellos mismos".

Intentos fallidos

El caso de La Planta es otro ejemplo. Cuando la cerraron en mayo de 2012, enviaron a los reos a Puente Ayala, en Anzoátegui. Les prometieron que desplegarían jornadas especiales (no llamadas cayapas) para otorgarles el beneficio a quienes cumplieran el tiempo. El intento fue infructuoso en la mayoría de los casos, asegura Nieto. Las causas estaban inscritas en los tribunales de Caracas y Miranda.

Para el defensor de los derechos humanos el plan Cayapa es un "fracaso", porque no lo han hecho, en el caso de La Modelo, con organización. La realidad contradice las declaraciones de la ministra Verela. "El traslado de los reclusos de Sabaneta a otros recintos lo que hizo fue aumentar el hacinamiento que ya existe. Entonces, ¿dónde está el desahogo de los penales si se otorgan libertades?".

Al menos 900 reclusos de El Rodeo III se declararon en huelga de hambre el pasado martes para exigir sus beneficios, entre ellos los procesales. "Esa situación se da por crearle expectativas a la población reclusa que no les han cumplido".

 

Opiniones contrastantes

-Yulanny García (38). Contadora Pública. "Deben evaluar a quiénes otorgarle los beneficios judiciales y a quién no. Un delincuente de alta peligrosidad no debe estar en la calle hasta que cumpla su condena y que durante ella haya tenido atención psicológica para lograr su cambio y su reinserción en la sociedad".

- José Cuervo (55). Jubilado. "No estoy de acuerdo con eso. Los beneficios a los presos deben eliminarlos del código penal. Eso lo que hace es sinverguencearlos más. Deben pagar completa su pena por el delito que cometieron, sea cuál sea".

- Betty Nava (30). Ingeniera civil. "Que salgan los presos que tengan que salir. No pueden estar tanto tiempo metidos en una cárcel, pasando calamidades. Ellos tienen derecho a una vida tranquila que adentro  no la pueden tener. Ellos pueden cambiar. Lo que pasa es que la gente los juzga eternamente por un error".

 

Cayapa El Marite

Los organismos judiciales y policiales se unieron desde el lunes pasado en el retén El Marite para acelerar los procesos de cada detenido. Atenderán a los mil 640 reclusos de los pabellones A, B y C. Jorge Gutiérrez, subsecretario de Seguridad y Orden

Público, precisó que algunos internos tienen retardo procesal de más de dos años.

Ríchard Linares, fiscal superior en Zulia, resaltó que aunque se analizará minuciosamente cada caso, es en la fase de juicio cuando más se retrasa el proceso. 

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