Una semana privados de libertad llevan miembros de Azul Positivo

Julio Gutiérrez / Maracaibo, Zulia / [email protected]
Beneficiarios, más de 100 organizaciones de la sociedad civil y otras internacionales, como  Amnistía Internacional, la Federación Internacional de DDHH y la Comisión Interamericana de DDHH, exigen la liberación de los cinco activistas de la ONG zuliana
Foto: Azul Positivo

Una semana bajo la medida preventiva privativa de libertad por los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir llevan los cinco activistas de Azul Positivo.

El Tribunal Cuarto de Control de la jurisdicción penal del Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, dictó la medida, sobre la base de la imputación realizada por la Fiscalía 77, la noche del pasado jueves 14 de enero a tres directivos y dos trabajadores de la Organización No Gubernamental (ONG) zuliana con más de 16 años prestando ayuda humanitaria en la prevención del VIH en el Zulia.

Esto por el financiamiento de tarjetas de alimentación que otorga Azul Positivo a comunidades vulnerables del estado a través de su programa de ayuda humanitaria, según enfatizó la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

“Este hecho constituye un ataque sin precedentes al espacio humanitario en el país”, enfatiza la Codhez.

Johan León Reyes, director de la ONG; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, permanecen privados de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del Zulia, en la zona norte de Maracaibo.

Sin asistencia legal

Allí fueron trasladados al final de la tarde del pasado martes 12 de enero tras el allanamiento de la sede de la ONG, ubicada en el centro comercial Aventura, también en la capital zuliana, por funcionarios de la policía militar.

Ese día, a las 11.30  de la mañana, aproximadamente, una comisión de al menos 15 funcionarios de DGCIM se presentó a la sede, por un “supuesto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de asistencia humanitaria que la organización realiza en comunidades del Zulia”, relata Codhez.

Transcurridas seis horas en la sede, el director de Azul Positivo, junto con Bermúdez Gutiérrez, Gutiérrez Díaz, Gómez Di Maggio y el chofer, Miguel Guerra Raydan, fueron llevados a la sede de la DGCIM, “sin tener acceso a asistencia legal”.

Pasadas las 9.00 de la noche, Luis Ferrebuz, fue detenido en su domicilio por funcionarios militares, y en horas de la madrugada fue liberado Guerra Raydan.

Recuerda la Codhez que todo el día siguiente, los cinco activistas de Azul Positivo permanecieron  incomunicados y sin asistencia legal.

“El equipo de abogados no pudo ingresar a la sede del DGCIM para verificar el estado de los detenidos y brindarles asistencia legal. Al mediodía, se conoció por parte de los funcionarios militares que los trabajadores humanitarios serían procesados ante la jurisdicción militar”, añade en su cronología. 

Ese miércoles 13 de enero, más de 100 organizaciones de la sociedad civil rechazaron “la criminalización y hostigamiento contra la ONG Azul Positivo” en un comunicado conjunto exigiendo la liberación de sus miembros.

Y el jueves 14 de enero, fueron trasladados desde la sede de la DGCIM a tribunales penales de jurisdicción ordinaria, una vez que la justicia militar declinó competencia, y el Tribunal Cuarto de Control de la jurisdicción penal del Zulia les dictó la medida preventiva privativa de libertad.

Beneficiarios rechazan la medida

Desde esa misma noche y durante el viernes 15 de enero, beneficiarios de los programas de Azul Positivo, exigieron a través de las redes sociales la liberación de los cinco activistas.

Residentes de las comunidades Los Alpes, Fetrazulia y Los Rosales, en Maracaibo, dieron a conocer los múltiples beneficios que reciben de parte de la ONG.

“Los varones vinieron hasta aquí a traernos una buena bendición, y que el Señor siga inquietándolos para que sigan trayéndonos más bendiciones. Antes de venir esas tarjetas yo se rebuscaba en esa basura para darle de comer a mis nietas porque no tenía una ayuda, pero hoy día le doy gracias a Dios porque me vino la tarjeta”, señaló una beneficiaria de Los Alpes.

Petición internacional de libertad

Cabe destacar que la detención y la medida preventiva privativa de libertad contra los cinco trabajadores de libertad de Azul Positivo causó reacciones entre organizaciones internacionales de DDHH.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó al Estado venezolano a detener el acoso en contra de trabajadores humanitarios y defensores de DDHH.

Por su parte, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente mundial por la libertad de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez Gutiérrez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz, demandando su liberación inmediata y el retiro de los cargos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado venezolano cesar el uso de allanamientos y detenciones arbitrarias contra organizaciones humanitarias.

Además, la liberación de manera inmediata e incondicional de los cinco activistas de la ONG zuliana exigió la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

A través del Observatorio para la Protección de los Defensores de DDHH, su programa conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura, la FIDH manifestó a través de su página web, desde París, en Francia, su preocupación por la detención arbitraria de los directivos y trabajadores de Azul Positivo, y el allanamiento de su sede.

De igual manera, activistas y defensores de derechos humanos se concentraron en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como en la sede del Ministerio Público, en Caracas, para exigir la libertad plena de los trabajadores humanitarios de la ONG zuliana. 

Se espera la respuesta del tribunal a la apelación a la medida preventiva privativa de libertad interpuesta por el equipo de abogados defensores de Azul Positivo el pasado martes 18 de enero. 

 

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