Federación Internacional de DDHH urge liberar a miembros de Azul Positivo

Julio Gutiérrez / Maracaibo, Zulia / [email protected]
La FIDH, a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de DDHH, instó también a las autoridades a garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los activistas zulianos, y el respeto de las garantías del debido proceso
Foto: Azul Positivo

Foto: Azul Positivo

La liberación de manera inmediata e incondicional de los cinco activistas de Azul Positivo presos en Maracaibo bajo la acusación de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales exigió este martes la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

A través del Observatorio para la Protección de los Defensores de DDHH, su programa conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura, la FIDH manifestó a través de su página web, desde París, en Francia, su preocupación por la detención arbitraria de los directivos y trabajadores de la ONG zuliana, y el allanamiento de su sede.

El pasado jueves 14 de enero, el Tribunal Cuarto de Control del Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, dictó medida preventiva privativa de libertad contra Johan León Reyes, director de la ONG; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, tras la acusación por parte de la Fiscalía.

Permanecen detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del Zulia, en la zona norte de Maracaibo, desde la tarde del pasado 12 de enero, después de seis horas de allanamiento en su sede en el centro comercial Aventura, en la capital zuliana.

“Enemigos internos”

Destaca el Observatorio “que la criminalización de los integrantes de Azul Positivo se enmarca en un contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país”.

En ese sentido, advirtió que, tal como lo denunció en su informe publicado en marzo del 2020, estas personas son calificadas por las autoridades del país como “enemigos internos” que buscan desestabilizar al país.

Urge también a las autoridades venezolanas “poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en su contra y en contra de todas las personas defensoras de los DDHH”.

Además, pide adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de León Reyes, Bermúdez Gutiérrez, Gutiérrez Díaz, Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, así como del chofer Miguel Guerra Raydan, quien fue liberado por la DGCIM la madrugada del miércoles 13 de enero.

Igualmente, velar por que se respeten las garantías del debido proceso.

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