Diario La Verdad

Foro Penal: Hay torturas

Por José Gregorio Martínez / Caracas / noticias@laverdad.com

Venezuela está obligada a respetar los tratados internacionales previstos en la Constitución. Oposición recuerda que los derechos humanos no prescriben. Delsa Solórzano ofrece un balance las detenciones

Sábado, 22 Febrero 2014 00:00

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Cuando se trata de derechos humanos entra en juego el derecho internacional. El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la declaración universal de los derechos humanos como un documento declarativo que, junto con los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocoles comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos, que obliga a los estados firmantes a cumplirlos. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su artículo 19 que “el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

Desde el pasado 12 de febrero, cuando se intensificaron las protestas en todo el país, se han registrado violaciones a los derechos humanos en cuanto las libertades políticas, libertad de expresión, detenciones sin el debido proceso, torturas, represión con armamento y equipos antimotín en manifestaciones públicas no permitidas por tratados internacionales, según manifestó Delsa Solórzano, coordinadora nacional de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

En un comunicado, la MUD denunció que el Gobierno ha violado los derechos humanos con la actuación de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes y contra comunidades indefensas. “La actuación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional conculcan diversos derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución, la cual, entre otros aspectos, señala que está terminantemente prohibida la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Recordamos que los delitos que violan los Derechos Humanos no prescriben”. 

Detenciones 

Un total de 286 detenciones se contaban hasta las 4.00 de la tarde de ayer, de los cuales 142 están en proceso de audiencias, 75 recibieron libertad plena, 48 están bajo libertad condicional, seis están bajo arresto domiciliario y 15 tienen privativa de libertad. En todos los casos hubo violaciones al debido proceso, ya que no se han respetado las reglas para la actuación policial previstas en el artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), como no hacer uso de la fuerza ni de armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida de las personas, practicar las detenciones solo cuando hay una orden judicial o flagrancia; así como el artículo 7, relacionado con el respeto a ser juzgado por el juez natural.

Torturas

Aunque los organismos defensores de derechos humanos no manejan un balance preciso, el Foro Penal Venezolano ha registrado el mayor número de torturas y vejaciones contra las 16 personas que fueron recluidas en el CICPC de Parque Carabobo, Caracas; y los 12 manifestantes detenidos en Valencia, estado Carabobo. Al caso del estudiante que fue violado con un fusil, según denunció el Luis Armando Betancourt, abogado del Foro Penal, se suman torturas como la del caso de un joven a quien bañaron con gasolina; además de golpes y vejaciones al obligar a los detenidos a permanecer desnudos.  

Esto contraviene el artículo 117, numeral 3 del COPP, que reza “No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la captura como durante el tiempo de la detención”. Vale recordar que el artículo 25 de la Constitución establece responsabilidad, penal, civil y administrativa para los funcionarios que incurran en estas violaciones.

Muertos y heridos

Hasta la fecha se cuentan cinco personas muertas en las manifestaciones, cuatro de ellas por armas de fuego y uno por arrollamiento. El número de heridos y lesionados por el efecto de los gases lacrimógenos y los perdigones es difícil de precisar. La Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) tiene registro de seis personas ingresadas en centros hospitalarios con heridas de bala. El artículo 68 de la Constitución que reza que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Censura

Ante la censura y autocensura en los medios nacionales, la prensa internacional, junto con las redes sociales, ha sido la única ventana de información. Un duro golpe a la libertad de expresión en un momento tan convulsionado representó el bloqueo del canal de noticias colombiano NTN24 y ahora se suma la amenaza del presidente Nicolás Maduro de sacar del país la señal de CNN. Ya el Ministerio de Comunicación e Información retiró las credenciales a los corresponsales de la cadena norteamericana de noticias y obligó a la periodista Patricia Janiot a abandonar el país. 

La libertad de expresión está consagrada como un derecho humano en el artículo 57 de la Constitución, el cual señala que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Además, el artículo 68 reza que “(…)toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución (…)”. 

Asedio político

Luego que se dictó una orden de captura contra Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, se inició una persecución que incluyó dos allanamientos violentos a la sede de partidos, según se pudo ver en las cámaras de seguridad, los cuales se realizaron además sin una orden judicial. Leopoldo López cumplió su promesa y se entregó a las autoridades para someterse a un proceso judicial  de carácter político y, de inmediato se dictaron también órdenes de captura contra otros dirigentes de esta organización como Carlos Vecchio y Antonio Rivero. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”, consagra el artículo 67 de la Constitución. 

 

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