Diario La Verdad

Los efectos de la CIDH

Por Juan Pablo Arocha / Caracas / noticias@laverdad.com

Venezolanos han debido acudir a instancias internacionales ante las demoras y negativas de tribunales venezolanos a investigar sus causas 

Lunes, 21 Mayo 2012 00:00

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Acudir a instancias internacionales se volvió necesario para que las víctimas de violaciones de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, puedan conseguir la justicia requerida. Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, asegura que a la fecha la administración del presidente Hugo Chávez y los tribunales en el país están en mora con sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Solo en los casos de los jubilados de Viasa nos sentimos satisfechos". 

Alvarado niega que la búsqueda de un pronunciamiento internacional sea una actuación en contra el país, destaca que la normativa del sistema interamericano obliga a gastar las instancias nacionales antes de elevar el caso a esa escala. Pero, el principal cáncer que carcome la justicia en Venezuela es, a su juicio, los retardos procesales. La justicia en el país ha tenido que buscar otras vías por donde llegar.

De las víctimas y sus luchas

Masacre del Amparo

En octubre de 1988 fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios militares y policiales, en la localidad de El Amparo, en el estado Apure. Los uniformados alegaron que eran guerrilleros, pero las víctimas identificadas no tenían antecedentes. En 1992 el caso fue sentenciado por un tribunal en el estado Táchira, asumiendo la tesis de que los afectados eran subversivos. La decisión fue ratificada en 1998 por la Corte Marcial. 

"Yo no descansaré de este caso, yo muero por la verdad", dice Wolmer Gregorio Pirillo, familiar de una de las víctimas fallecidas. El caso fue presentado ante la CIDH, que ordenó al Estado a abrir de nuevo la investigación y que indemnizaran a las víctimas. "No se ha llamado a ninguna de las personas que participaron, directa o indirectamente". 

Pirillo defiende a la CIDH, pues considera que es el único órgano que los ha atendido, explica que hace dos años estuvo en Caracas pidiendo a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que se reuniera con ellos: "Nunca nos ha respondido". 

Jubilados de Viasa

Un total de 18 personas todavía esperan por una decisión en torno al pago de su jubilación, por la fusión y posterior quiebra de la aerolínea Viasa entre 1990 y 1997. Arelia Margarita Rojas, de 72 años de edad y uno de los cuatro trabajadores que fueron despedidos que permanece con vida, dice que hicieron "todo lo posible en los tribunales de Venezuela". Sin respuesta, luego de siete años decidieron acudir a la CIDH "porque a pesar de haber una sentencia, nunca se cumplió". 

Rojas dice que las gestiones de la CIDH logró abrir el diálogo con el Estado y se llegó a un acuerdo. "Con eso se permitió que los jubilados de Viasa gocemos de una paga". Ella dice estarle agradecida al sistema interamericano de justicia: "Le pido al Gobierno que rectifique, la CIDH le hace falta a todos, aquí lo que hay que tener es un poco de sensatez".

Desaparecidos Retén de Catia

El Estado tenía la obligación, por una decisión de la CIDH, de encontrar y darle "cristiana sepultura" a los privados de libertad desaparecidos en el Retén de Catia durante el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992. Carlos Barreto, familiar de una de las víctimas, dice que a la fecha no se ha cumplido con esa disposición. 

"El Estado venezolano ha sido irresponsable. No hemos obtenido respuesta, pese a que se produjo una decisión", considera Barreto. La investigación que adelantó la ONG Cofavic, dan cuenta de la desaparición de al menos 63 reos en circunstancias no aclaradas, pues integrantes de la Guardia Nacional habrían dicho - tras escuchar la noticia del intento de Golpe de Estado - que los prisioneros estarían en libertad y dispararon masivamente contra la población. "Al menos se nos escucha (en la CIDH), se nos ha dado esperanza". 

Asesinados de El Caracazo

Tras la revuelta social que se produjo el 27 de febrero de 1989, varios ciudadanos murieron ajusticiados por funcionarios policiales, de acuerdo a las investigaciones que han adelantado organizaciones no gubernamentales. Iris Medina, esposa de fallecido Wolfang Quintana, asegura que solo fue a través de la CIDH que el Estado pagó parcialmente las indemnizaciones. 

En 1999 el caso llegó a la CIDH, fue para Medina un hecho de gran importancia. "Es la única instancia que ha condenado los hechos. Ningún tribunal venezolano se ha pronunciado, ni condenado a nadie". El gobierno del presidente Hugo Chávez solo cumplió con la orden del sistema interamericano en cuando al pago de la indemnización. "Una salida de la CIDH es una pérdida irreparable", advierte. 

Linda Loaiza

Víctima de torturas y violaciones, Linda Loiza fue noticia en 2001, tras ser secuestrada por Luis Carrera Almoina. Tanto fue el maltrato que recibió, que le deformó el rostro. Su caso se presentó ese mismo año ante la justicia venezolana, pero solo fue hasta 2007 cuando se produjo una sentencia definitiva. Hoy, su agresor ya está en libertad. 

"La CIDH es la última esperanza que tengo de conseguir justicia", dice Loaiza. No porque espere una nueva condena contra Carrera Almoina, pues su denuncia va directamente contra el Estado y su sistema de tribunales. "Voy contra las instituciones, hubo más de 60 jueces, más de 30 inhibiciones, denuncias, atentados, una sentencia absolutoria que fue anulada luego, nada de eso la Fiscalía ni los tribunales investigó ni responsabilizó a nadie".

Su caso ante la CIDH fue admitido el año pasado, ahora está en fase de introducir el escrito de fondo con todas las pruebas. "Siento que las instancias de Poder Judicial no dieron debida respuesta, tal como lo establece la Constitución".

 

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