Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, calificó de “ley mordaza” las acciones aprobadas en el Parlamento dirigido por los oficialistas para ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales (oenegés) que trabajan en el país, por tildarlas de “corruptas”.
La dirigente de Primero Justicia publicó un video en Twitter, en el cual aseguró que “desde la legítima Asamblea Nacional queremos rechazar contundentemente las nefastas declaraciones de Diosdado Cabello a cerca de la pretendida legislación de la AN ilegítima para perseguir criminalizar y amedrentar a las oenegés”.
Figuera hizo un llamado a todas estas organizaciones no gubernamentales y a todos los parlamentos democráticos del mundo “para que rechacen este tipo de ley mordaza que se está desarrollando en pleno ejercicio en esa instancia ilegitima" (AN 2020).
“Esto es un mal precedente en la historia de Venezuela”, aseveró la presidenta de la AN, culpando de estas acciones a “la dictadura de Nicolás Maduro para que asuma con responsabilidad esta situación”, garantizando que “vamos a seguir luchando para que definitivamente este tipo de maniobras no prosperen”.
“Estas acciones representan la búsqueda de asustar, generar miedo en el colectivo, porque hoy son las oenegés, pero han sido los gremios, sindicatos, partidos y actores políticos, los que han sido agredidos por el régimen de Nicolás Maduro”.
La política concluyó el audiovisual destacando que “desde la AN no nos quedaremos quietos ni indiferentes ante esta nueva agresión, y vamos a hacer todas las acciones pertinentes para que en el mundo se sepa la situación aberrante que hoy pretende la ilegítima la AN desarrollar en el país y en las oenegés”.
Cabello afirma que 62 oenegés en el país son “ilegales”
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, presentó este martes en la AN 2020 el “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de la Organización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”.
El oficialista destacó que fueron identificadas 62 organizaciones de la sociedad civil “que operan con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de gobiernos distintos al Gobierno bolivariano, y el fin es imponer su democracia, lo que ellos interpretan como democracia”.
Entre estas organizaciones mencionó a Súmate, Futuro Presente, Provea, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El proyecto de ley presentado establece que “las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos y realizar actividades políticas”.
Igualmente, el “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República y cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.
“Llegó la hora de fiscalizar los recursos que reciben y cómo lo invierten, y si se dedican a la política o a la labor social. Ya basta”, expresó Cabello.
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