Advierten que irregularidades en designación del CNE prolongan la crisis

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La AN electa el 6 de diciembre pretende designar un nuevo CNE para dar legalidad a esta institución que según la ONG Acceso a la Justicia "perdió credibilidad para los venezolanos" 

Foto: Agencias

La ONG Acceso a la Justicia hace un análisis sobre los errores que se arrastran del pasado en la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). 

La cuestionada Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2020 pretende con esta acción dar cierta legalidad a esta institución que perdió credibilidad en la mayoría de los venezolanos.

Es de recordar que los actuales rectores fueron arbitrariamente designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que aumentó la desconfianza hacia el árbitro electoral y la decisión de no avalar la convocatoria al proceso del año pasado.

Acceso a la Justicia observa. Sin embargo, que el proceso de designación del nuevo CNE despierta más dudas.

“En primer lugar, fue puesto en marcha por un Parlamento dominado por el oficialismo y que fue electo en unos comicios plagados de irregularidades y ventajismo, tal y como lo denunció Acceso a la Justicia en su momento. En segundo lugar, parecen estarse repitiendo los vicios que en el pasado dieron lugar al nombramiento de personas que no reunían las condiciones exigidas constitucionalmente para ocupar dichos puestos”, señala la organización.

La Asamblea Nacional es la encargada de nombrar al Comité de Postulaciones Electorales, integrada por 21 miembros que se encargarán de elaborar la lista de candidatos a rectores. 

De sus 21 integrantes, 11 deben ser diputados y 10 postulados por sectores de la sociedad civil, según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

No obstante, Acceso a la Justicia advierte que la Constitución no menciona que los diputados deban formar parte del comité.

“El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley”, señala el artículo 295 de la Constitución, el cual deja en claro que el órgano evaluador es una instancia de la sociedad civil. Tampoco prevé la creación de la llamada comisión preliminar.

El 19 de enero la plenaria de la AN oficialista aprobó la conformación de este comité, integrado por los diputados Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, Dessiré Santos Amaral, Nosliw Rodríguez, Gladys Requena, Didalco Bolívar y Cilia Flores por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); José Gregorio Correa por Acción Democrática (AD); Luis José Marcano y Miguel Salazar por el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei); y José Villarroel y Luis Augusto Romero por Avanzada Progresista.

¿Ciudadanos o militantes?

El 4 de febrero la AN designó a Carlos Boully Gómez, Edgar Martínez Meza, Fernando Rivero Osuna, Carlos Olivero Alcalá (sustituido a última hora por Humberto Rojas Mejías), Mercedes Gutiérrez, Jesús González Pirela, Mauricio Pérez Reina, José Esteves, José Fuentes Martínez y Soila Milagro Yánez como representantes de la sociedad civil en el comité.

“El Parlamento no dio a conocer los criterios, la metodología o el baremo utilizados por el comité preliminar para evaluar las credenciales de los aspirantes. Para Acceso a la Justicia, en estas condiciones es imposible sostener que la selección de los integrantes de la sociedad civil se realizó dentro del marco de los principios de despartidización, imparcialidad y participación ciudadana previstos en el artículo 294 constitucional”, destaca la ONG.

La sospecha de la independencia de estos miembros se basa en el currículo de algunos de ellos. En el caso de Fernando Rivero y Mercedes Gutiérrez, Acceso a la Justicia destaca que ambos fueron miembros de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, instancia oficialista que fungió como un Parlamento paralelo hasta diciembre de 2020 con poderes “supraconstitucionales”.

“También se advierte que Gutiérrez había sido seleccionada en 2020 como representante de la sociedad civil, aun siendo militante del oficialismo, para integrar el Comité de Postulaciones Electorales que se constituyó durante la gestión de la AN anterior”.

Sobre Boully, rector de la Universidad Católica Santa Rosa, la ONG señala que mantiene estrecha relación con altos funcionarios del Estado. 

“El sacerdote fue responsable de negociar con el Gobierno la devolución de la universidad a la Arquidiócesis de Caracas luego de que permaneciera por años intervenida por el Ministerio de Educación. Más recientemente, le otorgó un doctorado a Maikel Moreno, presidente del TSJ”.

Asimismo, recuerda que el periodista Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales, alertó que la mayoría de los designados como representantes de la sociedad civil no tiene ningún tipo de trabajo o trayectoria en el tema electoral.

La ONG Súmate, por su parte, denunció que la opacidad y la ausencia de debate nacional se impusieron en el proceso de constitución del Comité de Postulaciones Electorales.

“El escenario descrito reafirma la dudosa constitucionalidad e idoneidad del comité de postulaciones, pues su composición puede comprometer -una vez más- la imparcialidad y pluralidad del árbitro electoral en vísperas de un nuevo proceso electoral. En 2021 deberían realizarse las elecciones regionales y municipales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución”, agregó Acceso a la Justicia.

En 2009 hubo irregularidades similares y terminaron designando a Tania D’Amelio y Socorro Hernández como rectoras del CNE, pese a que la primera fue diputada por el extinto Movimiento Quinta República (MVR) y el PSUV, mientras que Hernández fue primero ministra de Ciencia, y luego presidenta de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

¿Ahora qué?

“El 9 de febrero fueron juramentados los integrantes del comité por la plenaria de la AN oficialista, y con gran celeridad, el mismo aprobó el 11 de febrero su reglamento de funcionamiento, que de acuerdo con la LOPE, tendrá que publicar dentro de los 6 días siguientes, así como la metodología que utilizará para evaluar las credenciales de los candidatos a rectores (artículo 24)”, explica la organización.

Posteriormente deberá publicar en Gaceta Oficial y en diarios de circulación nacional la convocatoria para la postulación de candidatos al órgano rector del Poder Electoral. El lapso de postulación será de 14 días continuos, contados a partir de la fecha de la última publicación en prensa. Luego, el comité tendrá 20 días continuos para evaluar a los aspirantes y realizar una lista de los elegibles para presentarla a la asamblea.

Tras la postulación se abrirá un lapso de seis días para presentar objeciones a la lista publicada. Los postulados objetados recibirán copia de los argumentos de oposición y podrán consignar descargos en contra de las objeciones en un período de seis días (artículos 27 y 28). En los dos días siguientes, el comité conformará un expediente por cada postulado y lo enviará, junto a la lista de seleccionados, a la AN (artículo 29), detalla Acceso a la Justicia.

Una vez que el Parlamento reciba la lista de candidatos, tendrá 10 días continuos para nombrar, mediante los votos de sus dos terceras partes, a los rectores principales y suplentes del CNE (artículo 30) y por último se procederá a su juramentación.

¿Cómo afecta al venezolano?

Acceso a la Justicia destaca que “hasta ahora el proceso de designación del CNE puesto en marcha por la AN parece seguir el mismo rumbo que otros ocurridos en el pasado que concluyeron con la elección de funcionarios abiertamente alineados con el Gobierno. De no producirse un cambio de rumbo, las posibilidades de que los ciudadanos recuperen confianza en la institución supervisora de las elecciones se reducen y, por ende, la abstención previsiblemente se mantendrá en niveles altos”.

Observa también que “el escenario que se avecina no es nada alentador, y la posibilidad de la resolución de la crisis institucional venezolana por una vía democrática, electoral, pacífica y constitucional se alejará aún más”. (Con información de Acceso a la Justicia)

 

Fuente: Correo del Caroní 

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