Un informe elaborado por la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, para presentar ante el Consejo de DDHH , denunció la violencia, persecución y las muertes que sufren los defensores de derechos humanos en diversas regiones del mundo, pero hizo énfasis en la situación de Latinoamérica y las cifras que registra la organización en Venezuela.

El informe recoge que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (Acnuhd) contabiliza asesinatos a defensores humanos en al menos 64 países entre 2015 y 2019. 

Entre ellos, figuran Venezuela y varios de los aliados del oficialismo, como China, Turquía, Bolivia o Rusia; en lo que representa casi una tercera parte de los Estados miembros de la ONU.

De acuerdo con los registros, al menos mil 323 defensores de los derechos humanos fueron asesinados desde 2015; siendo Sudamérica la región más afectada y los grupos que defienden el medio ambiente los más perjudicados.

En este sentido, la región de Latinoamérica y el Caribe se llevó el mayor porcentaje de esta cifra, pues 933 asesinatos se produjeron en estos países. 

Entre ellos, figuró Venezuela con 14 asesinatos de defensores de DDHH entre 2015 y 2019. Sin embargo, el país con peores registros fue Colombia, con 397 muertes en ese período.

Tan solo en 2019, el Acnudh contabilizó 281 asesinatos en un total de 35 países, y el informe se centra principalmente en las muertes violentas a defensores de derechos humanos y las amenazas que les antecedieron en un período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Victimas del sistema 

El documento explica que los defensores de los DDHH enfrentan a diversas agresiones por parte de actores estatales y no estatales. Entre ellos, incluye la estigmatización, la criminalización, las agresiones físicas, la detención y la tortura.

Además, le otorga un peso importante a las amenazas de muerte, que aunque no siempre culminan en un asesinato, es un factor que puede ayudar a predecir ataques y una mayor intervención podría reducir las probabilidades de que se cometan asesinatos posteriores a amenazas.

A juicio de la relatora especial, los Gobiernos no hicieron lo suficiente para prevenir estas muertes, e en algunas ocasiones son funcionarios públicos u otras personas que ejercen el poder quienes incurren en esta acción, que según la ONU puede ser considerada incluso como un acto de tortura.

Para Lawler, el asesinato de este grupo es un problema prioritario, al ser “una línea roja que ningún Estado ni actor no estatal debería cruzar jamás”.

En este sentido, recalca que “estos asesinatos pueden y deben evitarse”.

 

Fuente: Tal Cual 

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26 de Enero de 2021 - 01:32pm