AN investigará a Luis Parra y aliados por intento de sobornos

Agencias / Maracaibo, Zulia / [email protected]
El acuerdo aprobado este jueves rechaza el contenido de la sentencia 65 del TSJ y la “írrita designación” de Parra, pues consideran los actos de los magistrados como “nulos, ineficientes e inexistentes”.

(Foto: Agencias)

La Asamblea Nacional (AN) investigará a los diputados Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que los valida como junta directiva del parlamento venezolano.

Los diputados que reconocen a Juan Guaidó como presidente del poder Legislativo señalaron por medio de un acuerdo, aprobado en la sesión de este jueves, que estos parlamentarios incurrieron en actos antes y después del 5 de enero de 2020 que afectan a la AN, entre ellos, la usurpación de funciones y los intentos de soborno y chantaje a otros colegas.

Esta investigación se aprobó a raíz de un debate sobre la sentencia número 65 de la Sala Constitucional del TSJ donde, además de validar a Parra como presidente de la AN, se “prohíbe la instalación de un parlamento paralelo o virtual” y se amenaza a aquellos que presten sus servicios o faciliten espacios para esto al declararlos “en desacato”.

Fraude

La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) calificó la sentencia de “fraude a la voluntad ciudadana. El régimen de Maduro ha ordenado al escritorio jurídico que se encuentra en la sede del TSJ que sacaran una nueva sentencia para quitarse a Juan Guaidó de encima».

La Asamblea Nacional tienen una legítima junta directiva presidida por Juan Guaidó, insistió Solórzano. “Esto es un papelito mal hecho para pretender cerrar la Asamblea Nacional y decirle al pueblo que no tienen quien luche por él”.

El parlamentario Rafael Veloz (Voluntad Popular-Distrito Capital) recordó que el Parlamento declaró como nulo el nombramiento de la mayoría de los actuales magistrados del TSJ pues el proceso realizado en diciembre de 2015 no cumplió con los extremos legales del caso.

Además, señaló que se pretende reeditar la tesis de 2014 que se usó contra los alcaldes Vicencio Scarano y Daniel Ceballos “para con una simple sentencia encarcelar a los diputados, sin delito y sin juicio. Esta es la mayor prueba de como el régimen cierra cualquier vía democrática. Es un desprecio a las instituciones. El régimen se escuda tras la pandemia y los poderes que controla para no darle la cara a pueblo”.

Sobre la prohibición de sesiones virtuales, el diputado Luis Barragán (Vente Venezuela) aseveró que “es obvio que ante una pandemia mundial debíamos recurrir a los medios electrónicos disponibles sin que eso reste eficacia jurídica a nuestras actuaciones. Pretenden criminalizar a todos los parlamentarios que fuimos electos desde 2015 y cumplimos con nuestras responsabilidades”.

Mientras que la parlamentaria Mariela Magallanes (La Causa R-Aragua) dijo que a pesar de esta sentencia “no pudieron cometer un golpe a la institucional. Eso fue un acto rechazado por la comunidad internacional y los parlamentos del mundo”.

También envió un mensaje a los “corruptos diputados. Ustedes no podrán detender la libertad de Venezuela porque existimos hombres y mujeres dispuestos a librar las batallas necesarias para liberar al pueblo de Venezuela de la narcodictadura. No se equivoquen, que la justicia va llegar”.

Dentro del acuerdo aprobado se rechaza el contenido de la sentencia 65 del TSJ y por tanto la “írrita designación” de una junta directiva que sea distinta a la compuesta por Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, pues consideran los actos del Tribunal como “nulos, ineficientes e inexistentes”.

Los diputados también rechazaron “la constante intromisión del TSJ en las decisiones del poder Legislativo” y acordaron enviar una alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los órganos competentes de Naciones Unidas, Parlatino, Parlasur y resto de parlamentos mundiales sobre las posibles medidas de privación de libertad contra diputados o personas que ayuden a materializar las sesiones.

Caso Crystallex

La Asamblea Nacional también declaró la responsabilidad política de la administración de Nicolás Maduro y de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien ejerce como Procurador general, al no ejercer la defensa de Venezuela en el caso Crystallex Internacional Corporation y haberle entregando más de 400 millones de dólares sin el control del parlamento.

En el acuerdo presentando por el diputado Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, se ratificó la nulidad de la transacción firmada por representantes de Crystallex International Corporation y el régimen de Maduro en septiembre de 2018.

Se establece además iniciar una investigación para determinar la “legalidad, eficiencia y eficacia” del contrato celebrado por el gobierno del expresidente Hugo Chávez con Crystallex, y estudiar las posibles acciones legales que resulten pertinentes.

El documento también exhorta a Juan Guaidó a ejercer todas las acciones judiciales que aseguren la protección de las acciones de PDV Holding, Inc frente a cualquier medida de embargo, “todo ello sin perjuicio de la posibilidad de renegociar cualquier reclamación legítima que pudiera desprenderse del laudo de 2016”, que fue confirmado por las Cortes de Estados Unidos debido a las omisiones de Maduro.

Fuente: Tal Cual.

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