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A juicio ocho PNB acusados de violar a joven en protestas de 2017

Nota de Prensa / Maracaibo / diariolaverdadweb@gmail.com
  La audiencia preliminar de los ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados de violar a un joven estudiante detenido en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, se realizó este 21 de febrero en el Juzgado 10 de Control del estado Zulia.

La jueza María de los Ángeles Ruiz Rivero ratificó la medida privativa de libertad en contra de los ocho acusados, admitiendo la acusación y las pruebas presentadas por la fiscalía. Ante la negación de los hechos por parte de los acusados, se estableció la apertura de la fase de juicio.

Los acusados serán enjuiciados por los delitos de violación y tratos crueles, a pesar de que en la acusación particular propia presentada por el equipo de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) se solicitaba el juzgamiento por el delito de tortura además de trato cruel e inhumano, acusación que fue descartada por la jueza y decretada parcialmente con lugar.

Reiteramos que en este caso se evidencian elementos de convicción suficientes para juzgar por el delito de tortura, puesto que no se trata de un delito simple, debido a que los perpetradores eran funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado que se encontraban en el ejercicio de sus funciones.

Además de ello, en este proceso se incorporan más víctimas que denunciaron haber sido sometidas a malos tratos durante su detención, incluyendo una menor de edad que fue víctima de actos lascivos al igual que el joven defendido por Codhez.

Desde Codhez demandamos la realización de un juicio justo, sin más dilaciones, que permita el castigo a los responsables. Estamos ante un caso donde ocurrieron múltiples violaciones a los derechos humanos, empezando por la detención arbitraria de la víctima, su estancia en un centro irregular de detención, su presentación ante tribunales militares, además de la tortura a la que fue sometido y las irregularidades procesales que se han presentado.

Recordamos que el Estado está obligado a sancionar las violaciones a los derechos humanos y actuar con celeridad para hacer justicia, ofrecer reparaciones a las víctimas y condenar a los responsables.

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