Los estudiantes de Derecho de la Universidad de los Andes (ULA) Michael Labrador y Jhoan Lobos, detenidos y recluidos por el SEBIN el pasado 5 de marzo tras realizar una serie de juicios y quejas sobre el transporte público en un programa de televisión en el estado Mérida, fueron imputados con el delito contemplado en el artículo 20 de la ley contra el odio.
Dicho artículo señala que “quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, expresión de género o de cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
La detención arbitraria de los estudiantes Labrador y Lobos ha sido calificada como una “violación a los derechos humanos que evidencia un patrón retirado de criminalización a la protesta contra universitarios”.
Luego estar por más de tres meses recluidos en la sede del SEBIN fueron liberados el pasado lunes 11 de junio bajo medidas sustitutivas de libertad.
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