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TSJ devuelve competencias a la AN pero la amenaza sigue

Redacción Web / Maracaibo / web@laverdad.com
Al TSJ no le quedó otra que echar para atrás y devolverle las competencias al Parlamento. Las presiones internacionales y denuncias la oposición sobre un "autogolpe" dieron al traste con las sentencias 155 y 156 del TSJ que rompían el orden constitucional venezolano, pero persisten los poderes de Maduro para "bypassear" al parlamento en materia de deuda y empresas mixtas

El TSJ se vio en la necesidad de eliminar los artículos más polémicos de las sentencias 155 y 156 que usurpaban las competencias de la AN y limitaban la inmunidad de los diputados. (Foto: Archivo)

En una ponencia conjunta de la Sala Constitucional el Tribunal Supremo de Justicia le devuelve las competencias arrebatadas a la Asamblea Nacional. A través de dos sentencias registradas bajo los números 157 y la 158 se suprimen los aspectos calificados como "controversiales" por el presidente Maduro de las sentencias 155 y 156.

En el fallo 158 se elimina el apartado 4.4 de la sentencia 156 que facultaba a la Sala Constitucional a tomar funciones de la AN. El texto original rezaba: "Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".

Por otro lado la sentencia 157, suprime el apartado 5.1.1 de la 155, que leía "Se ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes eiusdem (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017), entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente."

El fallo también omite toda mención a la inmunidad parlamentaria, restableciendo el peno uso de esta figura a los diputados. Pese a estas mejoras persiste la figura de la “omisión parlamentaria”. Tampoco se eliminan las facultades otorgadas al Ejecutivo para conformar empresas mixtas en el área de hidrocarburos sin la supervisión de la AN.

En horas de la madrugada el presidente Maduro reunido en el Consejo de Defensa de la Nación exhortó al TSJ a "revisar" las sentencias 155 y 156 a fin de resolver el "impasse" entre el Ministerio Público y el máximo tribunal.

La fiscal Luisa Ortega sorprendió este viernes a la opinión pública al salirse del "guión oficialista" y unirse a la denuncia opositora de una "ruptura del orden constitucional". Este pronunciamiento permitió al jefe de Estado "enmendar el capote" sin admitir los reclamos de la comunidad internacional ni la oposición, a la vez que resaltaba la separación de poderes en el país, algo que críticos y especialistas nacionales e internacionales aseguran que no existe.

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