Históricamente, las constituciones se han ocupado de controlar el poder subordinándolo al derecho. El ejercicio del poder implica en el estado constitucional democrático la responsabilidad de los gobernantes. Las constituciones establecen formas para garantizar el control y ejercicio responsable del poder. 

El procedimiento mediante el cual fue separado de su cargo el presidente Lugo se conoce como impeachment  y es de origen anglosajón. Consiste en que una cámara del Parlamento realiza la acusación al alto funcionario público y la otra toma la decisión. De acuerdo a la Constitución paraguaya, es procedente "el juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes y, en caso, de declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria". 

Los paraguayos tuvieron dictadura por décadas. Hoy ensayan una democracia y utilizan los mecanismos propios del estado constitucional democrático para resolver sus problemas políticos. La decisión parlamentaria es recurrible ante el poder judicial nacional y si se considera que derechos fundamentales han sido violados puede posteriormente acudir a la Comisión y/o a la CIDH.

No obstante, la decisión paraguaya, aceptada inicialmente por el expresidente Lugo, ha sido desconocida por varios gobiernos suramericanos. Lamentablemente, en América Latina la necesidad de reforma institucional ha sido, con frecuencia reemplazada, por la preeminencia de los personalismos sobre las instituciones, de la política sobre el derecho, debilitando los avances que en el orden internacional se han alcanzado para limitar y controlar el poder.

En Venezuela, habida cuenta de la ausencia de estado de derecho, lo sucedido en Paraguay poco tiene que ver con nuestra realidad; sin embargo, situaciones aparentemente similares pudieran presentarse a partir del 2013 con un nuevo presidente.