¡Bachelet, el engendro y la CPI!

Marlon S. Jiménez García / Profesor Universitario/ Marjimgar54@hotmail.com
La justicia tarda, pero establece castigos a quienes al margen de la ley se creen todopoderosos, y que aseguran que están exentos de ser castigados; así lo pensaba Milosevic y otros comunistas de la Europa Oriental quienes recibieron un duro castigo por ser delincuentes en el ejercicio del Gobierno

El informe presentado ante la ONU por la Alta Comisionada de los DDHH de esa institución, Michelle Bachelet, es una prueba tangible de la violación en flagrancia de los DDHH realizados por el engendro y su régimen. Ese informe, hace énfasis en lo ya denunciado por un número significativo de Presidentes del continente (Macri, Piñera, Bolsonaro, Duque, entre otros), ante la Corte Penal Internacional (CPI), en atención a los desmanes cometidos por el engendro y el régimen que dirige.

El año pasado la CPI dio los primeros pasos para enjuiciarlo formalmente. Por mandato de la Asamblea de la ONU se le autorizó a la Fiscalía de la CPI, que estudiara, si existían elementos probatorios que permitieran enjuiciarlo; en tal sentido, para la fecha la Fiscalía abrió, en primer lugar un expediente con el  nombre de “examen preliminar” por: la fuerza excesiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para “dispersar y reprimir manifestaciones” y “graves abusos” a detenidos, los cuales consisten en una violación flagrante de los derechos humanos. 

Y en segundo lugar, por la abierta corrupción del régimen en el recibimiento de “coimas” de contratistas, entre ellas Odebrecht, que según el dueño de esa empresa contratista, hoy preso en Brasil, le dio al engendro cuando era Canciller, para el uso de la campaña electoral, del “comandante eternamente enterrado”, la cantidad de 30 millones de dólares, entre otros millones también dados a muchos miembros del PSUV. Es tan contundente la investigación ejecutada con equidad e imparcialidad, que se nombró, inclusive los tres jueces que llevarán a cabo la misión de enjuiciar al engendro y sus adláteres. 

En nuestro país, la AN y los organismos creados en el ámbito de la defensa del Estado de derecho y de los DDHH, todos con un estandarte democrático y jurídico bien consolidado, no solo a nivel interno, sino también, en niveles de jerarquía internacional y reconocidos ampliamente por los organismos internacionales (OEA, ONU, CIDH), han realizado todo un expediente detallado de los crímenes de lesa humanidad, cometidos por el engendro y por personeros del régimen en contra de la sociedad venezolana.

El informe de la Dra. Michelle Bachelet, producto de su visita y de otros personeros de la ONU a Venezuela, lo que hace es reafirmar y demostrar ante esa instancia jurídica internacional todo ese antro de corrupción que ha ubicado a Venezuela, en el escenario internacional como un “Estado forajido”. No es fácil que organismos internacionales atiendan requerimientos de este tipo, mucho menos, cuando aún están en lides gubernamentales; pero es tanto el desmadre causado por ellos en todos los aspectos de la vida ciudadana y es tanta la calidad probatoria que condujo a la actuación diligente de la justicia internacional y ¿qué otro organismo está más adecuado para actuar que la CPI?

La justicia tarda pero establece castigos a quienes al margen de la ley se creen todopoderosos, y que aseguran que están exentos de ser castigados; así lo pensaba Milosevic y otros comunistas de la Europa Oriental quienes recibieron un duro castigo por ser delincuentes en el ejercicio del Gobierno, en las cuales asumieron el triste papel de convertir a sus países en miserables, hambrientos y donde la muerte era el non plus ultra de su filosofía de acción.

El engendro tiene un futuro negro; él mismo se lo buscó al pactar con los asesinos de los hermanos Castro. Los miembros del Alto Mando Militar, también sufrirán los rigores del Tribunal Penal de La Haya, por haberse burlado de la Constitución Nacional y haber colaborado de manera implacable en la persecución de la disidencia opositora y por dejar de un lado la verdadera e inequívoca soberanía nacional; estos militares antepusieron los intereses cubanos y del comunismo por encima de los intereses patrios, de la democracia, del Estado de derecho, de las libertades ciudadanas, del pluralismo político y por no haber velado en la defensa de los DDHH.

Los delitos de lesa humanidad no prescriben, en igual condición se encuentran los delitos contra la “cosa pública” y los actos realizados en la implantación del narcotráfico internacional. Hay suficientes indicios demostrables que el engendro, el régimen, la FANB y muchos de los integrantes del PSUV están involucrados en los mismos. No hay duda que serán inmolados por la historia, de allí el interés de permanecer en el poder para alargar más su penuria.

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