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El injusto despojo

Jorge Sánchez Meleán / Economista / sanchezmelean@hotmail.com
  Se pretende aplicar el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en atención al artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, lo que nos sorprende inexplicablemente desprevenidos, poniendo en peligro nuestro territorio al oeste del Esequibo de 160 mil kilómetros cuadrados

La decisión esperada del actual secretario general de la ONU, pues fue asomada por su antecesor, de pasar la controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana al ámbito de la Corte Interamericana de Justicia, si no había resultados concretos de la mediación de buenos oficios, al concluir 2017, pone a Venezuela en una situación verdaderamente difícil. 

Todo fue la crónica de una salida anunciada. Se pretende aplicar el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en atención al artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, lo que nos sorprende inexplicablemente desprevenidos, poniendo en peligro nuestro territorio al oeste del Esequibo de 160 mil kilómetros cuadrados. 

Guyana tiene preparado su expediente desde hace años, con aparente respaldo de EEUU, mientras el régimen actual con casi 20 años en el poder, ha menospreciado los trabajos y los equipos humanos que se venían ocupando del asunto desde hace 50 años. Hasta el 2004, siguiendo la tradición, se defendieron nuestros derechos sobre el Esequibo, pero desde el 2007, dimos marcha atrás. H. Chávez afirmó con torpeza en 2007, que “la reactivación de la reclamación venezolana por R. Betancourt en 1962, fue por presión del imperialismo norteamericano” y no porque teníamos plenos derechos. 

La posición del régimen ha sido contradictoria, temerosa y sinuosa, ante las varias decisiones tomadas por Guyana que afectan nuestros derechos en reclamación. Venezuela ha perdido tiempo durante la última década, pues el Gobierno dictatorial y militar ha dado más importancia a lograr el apoyo del Caricom en la OEA, que al deber de enfrentar y prepararse  para la controversia limítrofe con Guyana. 

Hoy estamos en una difícil situación en todos los terrenos de la controversia: el jurídico y el político. El rechazo internacional a la constitucionalidad y legitimidad del régimen de turno, complica nuestra situación. En consecuencia, ante un asunto de Estado de tal envergadura, el país debe unirse por encima de cualquier diferencia política o ideológica. 

Debemos recuperar el tiempo perdido, preparando nuestra argumentación ante la CJI, con los mejores especialistas nacionales e internacionales. Esto es lo menos que debería hacer un régimen, en cuyas manos estamos a punto de perder una vieja controversia limítrofe, producto del despojo injusto  que nos hiciera el imperio británico de parte de nuestro territorio, que en justicia nos pertenece, desde el Laudo Arbitral de París en 1899.     

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