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¿Quién paga por nuestros derechos?

Armando J. Urdaneta Montiel/Economista / ajum69@gmail.com
  Se hace mucho hincapié en el Estado de derecho y la obligación del Gobierno a través de las instituciones del Estado en garantizarlos, pero se habla muy poco de los deberes ciudadanos y las responsabilidades compartidas con el Gobierno

América Latina a lo largo de su historia en las diferentes repúblicas que la conforman se ha caracterizado por contar con textos constitucionales con un alto nivel técnico-jurídico y revestidos con un contenido extenso en materia de garantías y derechos constitucionales para los ciudadanos, fundamentados primordialmente en los tratados y convenios multilaterales sobre derechos humanos suscritos por las repúblicas, donde es el Estado el que debe garantizar dichos derechos colectivos e individuales de los ciudadanos.

Por ello, la palabra Estado puede verse como se repite prácticamente en todo el articulado de la Carta Magna, sobre todo en el caso venezolano, es allí para mí donde nace el germen de la intervención estatal que sirve de base para la conformación de regímenes populistas, que terminan tendiendo hacia el totalitarismo en mayor o menor medida. Se hace mucho hincapié en el Estado de derecho y la obligación del Gobierno a través de las instituciones del Estado en garantizarlos, pero se habla muy poco de los deberes ciudadanos y las responsabilidades compartidas con el Gobierno, para hacer respetar dicho Estado de derecho en especial el derecho individual, el cual debe ser tan importante como el colectivo.

Los ciudadanos en especial los venezolanos, somos muy buenos reclamando nuestros derechos, mas no así cumpliendo con nuestros deberes, surge la pregunta obligada, ¿cuántos de nosotros generamos renta para financiar el mantenimiento de dichos derechos, y le exigimos al Estado; más en un país como Venezuela, donde históricamente en los últimos 30 años, el Impuesto Sobre la Renta apenas ha representado el 25 % de las fuentes de financiamiento del presupuesto público, mientras los impuestos al consumo son un 45 %, y el 30 % restante, el cual proviene  por la vía del endeudamiento público. ¿Cómo un gobierno puede sostenerse y garantizar el Estado de derecho a sus ciudadanos de manera eficiente bajo esas condiciones?

La diagnosis antes señalada ha llevado a los gobiernos de turno de manera sistemática y progresiva a la expoliación de la riqueza de un sector de la población que la produce que es minoría, en beneficio de otro sector de la población que es mayoría, que no genera renta y es una carga fiscal para el Estado, produciéndose lo que John Stuart Mill llamaba la tiranía de las mayorías, por creer estas que sus derechos están por encima del de los demás; provocando que los primeros emigren buscando mejores condiciones para ejercer su actividad productiva; y los que se queden se empobrezcan igualmente con el resto de la muchedumbre parasitaria.

Todo lo antes planteado ha sido producto en el caso venezolano del agotamiento y posterior destrucción del rentismo petrolero, los altos niveles de informalidad de nuestra economía que ha oscilado entre el 40 % y el 50 %; el bajo nivel de industrialización y la evasión fiscal como cultura, el cáncer de la corrupción que carcome las instituciones del Estado y la ineficiencia e ineficacia gestión del gasto público más asistencialista, populista y deficitario; que promotor de la actividad productiva con una visión progresista, han hecho de Venezuela lo que hoy es, un país arruinado, con su población viviendo en condiciones de pobreza extrema.

 

 

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