La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este lunes que la jurista portuguesa Marta Valiñas será la presidenta de la comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los abusos contra los venezolanos que se han llevado a cabo desde el 2014 cuando iniciaron las protestas contra el Gobierno.
A través de un comunicado el organismo detalló que Francisco Cox, abogado chileno, y el británico Paul Seils, complementarán la comisión, y se puntualizó que los tres trabajarán a "título personal" y mantendrán una reunión en las próximas semanas para definir estrategias, metodologías y enfoques de las investigaciones.
Los líderes de la comisión tendrán como misión "investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los venezolanos desde 2014", según la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el pasado 27 de septiembre.
La comisión tiene un período hasta de un año para que los resultados de las investigaciones sean manifestados al organismo, por lo que la ONU instó a las autoridades de Venezuela a que el acceso le fuera otorgado de forma "inmediata, plena y sin restricciones" a todo el país, incluyendo víctimas y los lugares de detención.
La jurista Valiñas se ha destacado en derecho penal internacional, especializada en crímenes sexuales y de género. Desde el 2014 ha estado en equipos de investigación de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Cox ha sido líder del grupo de expertos internacionales nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano para la investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Antes de ello, representó a víctimas del conflicto armado en Uganda ante la CPI.
Seils forma parte del Instituto Europeo para la Paz. Ha trabajado para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también en la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros más.
La creación de la comisión fue aprobada en el pasado mes de septiembre tras ser solicitada al Consejo de Derechos Humanos por países como Colombia, Perú, Brasil o Argentina en el Grupo de Lima
La delegación venezolana ante ese consejo adelantó el mismo día de la aprobación que no colaboraría con la comisión, al considerarla una "hostil iniciativa que vulnera los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados".
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