Los líderes republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos fracasaron ayer de nuevo en aprobar una ley migratoria con la que pretendían dar un camino a la ciudadanía a 1,8 millones de jóvenes indocumentados, pero también recortar la inmigración legal y dotar de financiación la construcción del muro con México.
Con 121 votos a favor y 301 en contra, los republicanos se mostraron de nuevo incapaces de proponer un texto legislativo que convenza tanto a sus correligionarios como a los demócratas para solucionar el problema de los jóvenes indocumentados, atajar la separación familiar y fortalecer la seguridad en la frontera.
La propuesta planteaba un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes sin papeles, conocidos como "soñadores", y ponía fin a la separación familiar en la frontera, pero a la vez limitaba la reunificación de los inmigrantes legales separados de sus parientes y concedía 25.000 millones de dólares para crear el muro con México.
A pesar que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio su apoyo al texto "in extremis" durante la mañana de hoy, el liderazgo republicano fracasó tras semanas de negociaciones con su ala más moderada.
No obstante, pese a la derrota, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, logró el principal de sus objetivos: frenar que demócratas y centristas forzaran un voto en el pleno sobre este asunto mediante una maniobra legislativa.
Se trata de una estrategia política, ya que así Ryan evita la posibilidad de que los republicanos más moderados obliguen a considerar sus propuestas migratorias, más progresistas, y que podrían obtener el respaldo suficiente en la Cámara Baja, pero no con el visto bueno de Trump.
El proyecto de ayer también incluía una iniciativa conservadora para poner fin a la separación familiar en la frontera, uno de los temas más candentes después de que el presidente impusiera una política migratoria de "tolerancia cero", que ha provocado la separación de más de 2.500 niños de sus padres al tocar suelo estadounidense.
El texto hubiera anulado lo que se conoce como el acuerdo Flores, que establece estándares mínimos de reclusión y un límite de 20 días para la detención de menores.
No obstante, todavía es posible que la Cámara Baja someta a votación una medida más simple destinada únicamente a poner fin a la separación familiar, aunque aún no está claro el procedimiento.
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