El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones en las visas de funcionarios y otros individuos involucrados en la represión de las manifestaciones y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
"La violencia de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, particularmente contra estudiantes universitarios (...) es inaceptable", aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una declaración.
Según el Departamento de Estado, la Administración del presidente Donald Trump decidió restringir los visados a los individuos responsables de abusos de derechos humanos y culpables de socavar la democracia nicaragüense.
Los afectados por estas restricciones son funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud, "especialmente los que dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión".
En el comunicado, Nauert no precisó el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los identificó, pero sí aseguró que "en ciertas circunstancias los familiares de esos individuos también verán restringidas sus visas" para entrar en los Estados Unidos.
La portavoz atribuyó a las normas de confidencialidad el hecho de que no identifique públicamente a los implicados.
"Sin embargo, enviamos un mensaje claro sobre que los que abusan de derechos humanos y quienes socavan la democracia no son bienvenidos en EEUU", enfatizó Nauert.
En este sentido, el Departamento de Estado destacó que las limitaciones no apuntan a la población nicaragüense en general y avanzó que continuarán monitoreando la situación en el país y pidiendo el final de la violencia, así como unas negociaciones pacíficas para poner fin a la crisis.
Un grupo de legisladores estadounidenses pidió este miércoles a Trump que sancionase en concreto a dos funcionarios nicaragüenses, Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos muy próximos al presiente, Daniel Ortega, por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales.
Los senadores, entre los que están Marco Rubio y Ted Cruz, pidieron a Trump averiguar el papel de Díaz "en los homicidios de decenas de manifestantes" y sobre López, quien es vicepresidente de la petrolera Albanisa, propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) señalaron que "debe ser sancionado" por firmar contratos de préstamos irregulares y beneficiarse de exenciones de impuestos.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, cargó este martes contra Ortega por cometer actos de "terrible violencia" contra su gente, incluyendo ataques durante la marcha multitudinaria celebrada el 30 de mayo, en la que hubo 15 muertos y 199 heridos, de acuerdo a cifras del Gobierno nicaragüense.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este miércoles que ya han muerto 127 personas a causa de la violencia que se vive en Nicaragua desde hace más de 50 días y denunció un "agravamiento" de la represión desde que visitó el país centroamericano hace apenas dos semanas.
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