Las autoridades aseguraron que los extranjeros con documentos y pasaporte legal pueden acceder a los productos regulados. No tienen problemas para abastecerse de alimentos en los supermercados. Pero en las tiendas, la Guardia Nacional tiene otra orden. “No está el Saime y están sacando a la mayoría. No aceptan el pasaporte  ni la cédula amarilla”, relata María Fernández, compradora, en un supemercado de Cujicito. Los uniformados los retiran de las colas “porque supuestamente son ‘bachaqueros’”.

“Es verdad. No dejan comprar. Mi mamá es colombiana y no le venden ni con pasaporte ni cédula colombiana”, critica Yarleni Barroso en una de las dos colas formadas de ventas condicionadas. Y es que 300 bolívares deben pagar para abastecerse de alimentos y artículos de aseo personal y limpieza a precios regulados. Los mercados flexibilizan la comercialización para agilizar la presencia de los usuarios dentro del establecimiento.

Petra Mangoni, su madre, espera por la publicación en Gaceta para formalizar su tránsito en Venezuela. Barroso lamenta que con pasaporte colombiano no puede adquirir alimentos en los supermercados. Hace abasto en los comercios que expenden por encima del control de precio. Barroso no puede ayudarla: “También tengo familia”.

La Asociación Colombianos y Colombianas en Venezuela evalúa los escenarios de sus compatriotas. Desde crisis económica a causa de “14 tratados de libre comercio”, el bloqueo de 300 mil remesas de extranjeros, la presencia de cuatro millones de colombianos, en su mayoría inmigrantes, y la necesidad de coordinación del gobierno de Juan Manuel Santos sobre ese tema.

Juan Carlos Tanus, voceros de la asociación, invoca “avanzar a una salida a la población” con la participación del Gobierno neogranadino. Existe una alerta. “Un proceso xenofóbico cuando en las colas de los supermercados están los organismos de seguridad, la Policía, pidiendo cédula a todos los colombianos que hacen vida (en el país)”. En ese procedimiento los colombianos son “conducidos a las instalaciones del Saime, se ordena un proceso de administración que puede conducir a la deportación ”.

Afirma no apoyar la migración irregular. A una política de convivencia planificada en función de planes de necesidades de mano de obra en áreas productivas como el campo, industria. Y no por “mafias colombianas” que tras el bloqueo de remesas “deciden el trabajo de 'bachaqueo' individual”.

22 de Enero de 2015 - 12:30am