Rafael Ramírez advierte que licencia a Chevron viola la Constitución

EFE / Viena / [email protected]
El exministro de Energía y expresidente de PDVSA aseguró que aceptar las condiciones de la licencia es "renunciar a nuestra soberanía", hacer de Venezuela "un país tutelado", y supone un "robo" al pueblo venezolano

Foto: Agencias

Rafael Ramírez, exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), denuncia que las condiciones bajo las cuales la empresa Chevron puede volver a operar en Venezuela suponen una "grave violación" de la Constitución.

"Por donde se mire, todos los términos de la licencia son absolutamente ilegales en relación a la ley venezolana", afirma Ramírez en una entrevista telemática con EFE desde Roma, donde vive exiliado y dice sufrir una fuerte persecución política por parte del gobierno de Maduro, que afecta también a su familia.

Ramírez se refiere a la "Licencia General 41", emitida el pasado sábado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza a Chevron a volver a producir y comercializar petróleo y derivados de forma limitada en Venezuela.

Washington "puede emitir la licencia que quiera", pero el Gobierno venezolano no debe aceptar "que un país extranjero venga a decirte cómo vas a producir petróleo en tu propio país, saltando tus leyes", argumenta Ramírez.

Aceptar las condiciones de la licencia es "renunciar a nuestra soberanía", hacer de Venezuela "un país tutelado", y supone un "robo" al pueblo venezolano, afirma el exministro, de 59 años, quien en verano se postuló como candidato a la presidencia en las elecciones previstas para 2024.

Ni impuestos ni regalías

La licencia estadounidense prohíbe a Chevron pagar impuestos y regalías al Estado venezolano, e incluso dividendos a PDVSA. Además, le obliga a exportar el crudo únicamente a Estados Unidos.

Solo el hecho de que Chevron pueda producir crudo "por cuenta propia" contradice "el artículo 302 de la Carta Magna, que establece que las actividades primarias del petróleo (exploración, producción y exportación) están reservadas al Estado".

Por ello, la ley ha creado la figura de la empresa mixta, donde PDVSA es socio mayoritario, pero que queda socavada si la petrolera norteamericana no paga dividendos a la estatal venezolana, explica.

Además, puesto que la Constitución impone el monopolio estatal también para la exportación del crudo, la exclusión de cualquier mercado que no sea el estadounidense es otra flagrante "violación" de la Ley fundamental.

En su opinión, este último punto supone además un retroceso frente a la "gran conquista de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) durante la llamada revolución de los años 1970", cuando impusieron el monopolio estatal de su industria petrolífera con el fin de defender sus ingresos.

Tal control "es la única manera que tiene el país productor de incidir en el mercado petrolero y, sobre todo, en el precio del petróleo", destaca Ramírez.

Resalta que, dado que el crudo del subsuelo venezolano es propiedad del Estado, este tiene por ley que cobrar regalías.

"Nadie en el país, ni siquiera PDVSA, puede llevarse petróleo, ni venderlo, sin pagar al dueño, al Estado venezolano, una regalía del 33,33 %", indica. De lo contrario, "sería un robo", añade.

"Ese es otro aspecto que viola la ley", dice Ramírez, que señala que, además, no pagar el impuesto del 50 % a las ganancias empresariales cuestiona la soberanía del país.

Volumen sin peso

Este "desastre", dice Ramírez, se generaría por un volumen de crudo muy moderado, pues Chevron no podría extraer más de 270.000 barriles diarios, que es el máximo que llegó a sacar en 2003, cuando él era ministro y presidente de la compañía estatal".

Ese volumen "no va a cambiar en nada la situación del mercado petrolero internacional", asegura.

El problema, para Ramírez, es que Maduro "estaría desmantelando de un plumazo todo lo que han sido las conquistas en doctrina petrolera de nuestro país".

En este contexto, recuerda que el suyo es "un país centenario en producción de petróleo, que siempre estuvo en la OPEP a la vanguardia en los temas de los derechos de los países productores de petróleo".

"Hablo como exministro de Petróleo del país que fui durante 12 años (2002-2014): es muy grave que una licencia pretenda condicionar o estar por encima de las leyes de la República y de la Constitución", insiste.

 

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