Incautarán bienes a empresas vinculadas con ilícitos cambiarios

AVN / Caracas / [email protected]
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El Fiscal General de la República informó sobre las investigaciones a empresas por ilícitos con divisas entregadas por el Gobierno nacional. (Foto: Twitter)

Las autoridades venezolanas han allanado 18 empresas vinculadas con casos de corrupción dentro de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), informó este martes el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

"Se han realizado 18 allanamientos por el caso Cadivi-Cencoex, durante un operativo en todo el territorio nacional, junto con la policía contra la corrupción y el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) para verificar empresas que han recibido divisas para (la importación) de alimentos y medicinas", anunció en rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión.

Indicó que entre la semana pasada y la anterior fueron allanadas 15 empresas. En 13 de ellas se verificó que "no poseen domicilio fiscal, es decir, son empresas fantasmas".

Todas estas empresas, apuntó el fiscal, recibieron un total de 85 millones de dólares, "que constituyen un daño patrimonial al Estado, burlándose del pueblo, hablando de que iban a importar alimentos y medicinas, y ya hemos visto que muchas de ellas ni siquiera existen".

En este sentido, el MP dictó orden de aprehensión contra todos los representantes legales de las compañías vinculadas y, una vez sea verificada la defraudación al Estado, "se va a proceder a la incautación de sus bienes", operativo que se encuentra en marcha, tal como expresó.

Informó, asimismo, que el máximo organismo fiscal ha logrado la ubicación y el allanamiento de dos empresas que sí poseen domicilio fiscal y que se presume importaron productos con sobreprecio. Una de estas es Azucarera Río Turbio, que recibió del Estado 156 millones de dólares entre 2004 y 2017, y se calcula que el sobreprecio de sus importaciones es de 235 %. Ya se libró orden de aprehensión contra su representante legal.

La segunda empresa, Importaciones Constructora PJL C.A, recibió 3,2 millones de dólares y su propietario, José Báez, está detenido en la sede del Sebin de San Cristóbal, en el estado Táchira, por obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

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