Luego del cierre de la frontera colombo-venezolana que se mantiene desde agosto del año pasado, productos de Colombia llenan los anaqueles zulianos con precios no regulados. Una situación que Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, considera “insólita”, pues luego de la decisión del Gobierno de frenar las transacciones con el vecino país para evitar el contrabando de extracción, ahora busca activar mecanismos para las transacciones.
“Esas son las incongruencias del Gobierno después de haber hecho todo un show". Explicó que no se siguen los procedimientos necesarios para la importación de los productos. Se hacen “a través de mecanismos poco ortodoxos, algunos incluso vía decretos, que les dan algún tipo de velo legal, pero no son los procedimientos legales para traer mercancías”, declaró en entrevista con Unión Radio.
Para Martínez la solución definitiva al problema del desabastecimiento involucra al sector privado. Y es que –insiste- si Miguel Pérez Abad, vicepresidente del Área Económica hubiese puesto al alcance de las industrias del país los 25 millones de dólares con los que se importan 15 mil toneladas de materiales, hubiesen logrado multiplicar cerca de cuatro y cinco veces más los productos nacionales.
Esto significaría unas 70 toneladas de los mismos artículos -que se trasladan desde Colombia a través de las trochas custodiados de efectivos de la Guardia Nacional, de acuerdo con declaraciones de Giovanny Villalobos, secretario de gobierno de la Gobernación del Zulia-. “Se hubiesen generado impuestos, ingresos a la nación, empleo y riquezas, es decir los ciclos virtuosos de la producción, pero el Gobierno insiste en generarlos fuera de las fronteras de Venezuela”.
A pesar de reconocer que la mercancía alivia el problema del desabastecimiento, afirma que se hace en poca magnitud, pues se negocian y se venden a un precio internacional que no toda la población puede pagar. Y es que el precio de esos artículos de primera necesidad puede multiplicar por 10 a los importes fijados por la Superintendencia para la Defensa de Derechos Socioeconómicos (Sundde).
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