Luis Pulido, ex presidente de PDVAL; Rónald Flores, ex gerente general; y Vilyeska Betancourt, ex directora de operaciones, imputados por la pérdida de toneladas de alimentos en contenedores, importados para la red de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y almacenados en Puerto Cabello, continuarán detenidos. El juez 1ero. de Control, Henry Chirinos, difirió la audiencia preliminar de ayer para el 10 agosto, tras la ausencia de una de las defensas.

El Ministerio Público imputó a los tres funcionarios por los presuntos delitos de "boicot" y "corrupción", tras el hallazgo de 32 mil toneladas de alimentos podridos en la almacenadora Cealco, en Puerto Cabello.

Desde mayo está detenido el ex presidente de PDVAL. Semanas después las investigaciones apuntaron a los otros gerentes. El lugar de reclusión se ordenó en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Valencia, mientras que el caso quedó referido al litoral porteño.

Estrena ministro

Ayer miércoles se conoció  en Gaceta Oficial 39.474 y según decreto 7.540 que PDVAL pasa a estar bajo la tutela del Ministerio de Alimentación y no de la Vicepresidencia de la República como en principio se estimó.

En concordancia con la resolución 014 del 23 de junio se ratificó a Carlos Alberto Osorio Zambrano en la presidencia de la empresa, cargo que tenía Virginia Mares desde 2009. La medida de ayer también lo nombra nuevo ministro de la cartera.

El Gobierno designa a Osorio Zambrano, ex superintendente de Silos y Almacenes, en sustitución de Félix Osorio en el despacho de Alimentación. El ex ministro ocupaba desde 2008 el cargo de titular por Rafael Oropeza. La destitución se formaliza en la publicación en Gaceta.

Pagados y podridos

Los cambios de gestión se dan en medio del escándalo por la pérdida de más de 133 mil toneladas de alimentos hallados en descomposición en depósitos y almacenes ubicados en regiones del país. PDVAL fue hasta el mes pasado, filial de Petróleos de Venezuela, adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo.

En el último informe confidencial de PDVSA se revela una auditoría que alertaría de la compra de toneladas de carnes con sobreprecio de 68 por ciento, según publica El Nacional. Se habrían pagado 10 millones de dólares por un pedido que no ingresó a Venezuela.

En abril de 2009 PDVSA informó a Rafael Ramírez, titular del Ministerio de Energía, de ofertas de compras por dos mil 950 dólares por toneladas que subió a cuatro mil 958 dólares por toneladas, presentándose "incumplimiento en la entrega", explica la relación auditora. Se indica en la facturación de inicio de 2008 que de 14,7 millones de dólares pasó 24,7 millones, siendo responsable Barivén, empresa importadora.

El informe refleja debilidades en las adquisiciones de pollo y leche, sobreprecio en los traslados del lácteo. Ausencia de documentos, insuficiente información en la colocación, así como aumentos en facturas de fletes en 71 por ciento se mencionan en el control interno auditado.

Unas 105 mil toneladas de leche valoradas en 205 millones de dólares adquiridas en el primer trimestre habrían permanecido en los sitios auditados, permaneciendo por más de un año sin rotación y no registrándose entrega a la red de distribución.