En un intento por recuperar al menos la señal en la televisión por suscripción que salió del aire en todas las cableoperadoras el 23 de enero por orden del Gobierno, RCTV Internacional visitó ayer la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con el fin de aceptar la mediación del organismo hemisférico y consignar ante el Gobierno toda la documentación requerida por las leyes venezolanas.
Marcel Granier, presidente de las empresas 1BC, dijo que aceptaba la mediación solicitada por José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, en cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno contra el canal y aprovechó para pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. “Es muy preocupante lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Venezuela, vemos como a diario se está violando la libertad de expresión, de organización, de protesta, el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa (…) Es indispensable que América Latina tome conciencia de las violaciones que a diario están ocurriendo aquí”.
De inmediato, Granier y el nutrido grupo de trabajadores que lo acompañaban aprovecharon la cercanía y se trasladaron a la sede de Conatel, donde luego de más de una hora de espera finalmente fueron recibidos por un funcionario del organismo gubernamental por primera vez en ocho años.
“Entregamos los documentos de manera que quedara de forma clara y fehaciente que cumplimos con las leyes de Venezuela (…) Sin medios de comunicación libres es imposible realizar elecciones, sin medios de comunicación libres es imposible que se conozcan las violaciones a la ley”, declaró Granier a su salida de Conatel, mientras que los empleados y la sociedad civil ondeaban banderas de RCTV y las personas que pasaban por el lugar en sus vehículos apoyaban tocando cornetas.
Entre los documentos entregados se encuentran actas de acuse de recibo de oficios consignados con anterioridad y copia de la parrilla de programación, con lo que probarían que el canal ha cumplido con la ley, una vez que tendría apenas 29 por ciento de programación producida en Venezuela. “¿Qué parte de que ya acudimos a Conatel no se entendió?”, decía una pancarta que mostraban los trabajadores.
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