Pancartas y actos simbólicos fue lo que se vio frente al Tribunal Judicial del Zulia organizado por la sociedad Homo et Natura, estudiantes universitarios y grupos ecologistas de la región. Exigieron la libertad de los yucpas involucrados en los hechos de violencia en la Sierra de Perijá en octubre, tras la entrega de los títulos de propiedad de tierras indígenas. "Estamos acompañando la defensa en concreto de Alexánder Fernández y Sabino Romero Izarra", informó Juan de La Rosa, miembro de la sociedad ambientalista.
Una de las solicitudes al Poder Judicial apuntó a que "se respete el derecho de la jurisdicción especial indígena para todos los imputados", incluido un tercero: Olegario Romero, quien se enfrentó con Sabino Romero. De La Rosa explicó que Olegario se negó a declarar porque pidió ser juzgado por las leyes que rigen a sus pueblos de acuerdo con su cultura ancestral y lo establecido en la ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
"Un intento de criminalización política contra Sabino" sería lo que está tras la detención del líder de la comunidad Chaktapa. El defensor cultural dijo que el Ministerio Público "no logró presentar ningún alegato" a favor de tres imputaciones, en las que se encuentran el abigeato y agavillamiento.
Recordó que en la denuncia contra Sabino por homicidio calificado, "los 19 testimonios fueron anulados por la jueza por estar viciados de nulidad". Una segunda irregularidad acusó: "hubo dos casos de torturas (en los interrogatorios) que pasaron por orden de la jueza a forense".
Según el grupo de defensores de los indígenas, una "trampa" se montó desde las esferas del Gobierno con la entrega de títulos de propiedad a las comunidades Aroy, Sirapta y Tinacoa. Las concesiones mineras suenan como la causa que alimenta las acciones del Ejecutivo para crear una "matriz de criminalización". La explotación de carbón y uranio, oculto en las entrañas de las montañas de la Sierra de Perijá, suena como el interés final.
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