El Gobierno venezolano desmantelará la "infraestructura para el contrabando" de gasolina hacia Colombia en el marco de la ruptura de las relaciones binacionales. Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, anunció que las autoridades tienen listas las medidas que se tomarán en las zonas limítrofes para evitar las extracciones ilegales de combustibles.

Sin ofrecer mayores detalles el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) afirmó: "Tenemos acciones previstas en la frontera; tenemos muchas estaciones de combustible en la frontera, más de 190 solo en una franja fronteriza que no se justifica. Ha sido el desarrollo de una infraestructura para el contrabando".

En agosto el gobierno del presidente Hugo Chávez decidió dar por terminado un acuerdo para el suministro de carburantes venezolanos a precios preferenciales a Colombia. La suspensión del convenio surgió en el marco de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Autoridades colombianas afirmaron que el cese del trato incidió en el aumento del contrabando. Se calcula que las extracciones ilegales del producto ascienden a 26 mil barriles diarios, debido a que en Colombia el combustible venezolano se vende 45 por ciento más barato que el que distribuye la estatal neogranadina Ecopetrol.

De acuerdo con una reseña de Unión Radio, el ministro Ramírez indicó además que el Gobierno no tiene planteado el aumento del precio de la gasolina, que en el mercado local se compra en 97 céntimos de bolívar fuerte (0,04 dólares) por litro desde hace 10 años, lo que convirtió a Venezuela en el país con el precio más bajo del combustible del mundo.

Incentivos fiscales

El presidente de PDVSA aprovechó para anunciar que el Estado ofrecerá incentivos fiscales a las petroleras internacionales que operan en yacimientos venezolanos, para que éstas construyan centros de refino que eleven la capacidad de oferta de rubros derivados de hidrocarburos.

Ramírez precisó a EFE que la compañía italiana ENI y las rusas asociadas en el llamado Consorcio Nacional Petrolero (CNP), que explotarán la Faja Petrolífera del Orinoco, ya recibieron una propuesta. A las firmas se les ofreció el modelo tradicional que fija los gravámenes en 50 por ciento, así como uno especial que prevé que ese porcentaje baje a 34 por ciento si deciden la construcción de una refinería.

"La decisión se tomará cuando se termine la ingeniería básica y se pueda evaluar mejor la estructura de costos. Pero en todo caso, a ellos les beneficia un régimen fiscal distinto y a nosotros nos conviene que el país pase de ser un exportador de crudos a convertirse en un exportador de productos".

El ministro venezolano agregó que la próxima semana se reunirá con las empresas interesadas en la licitación del proyecto de petróleo pesado Carabobo, en la Faja Petrolífera del Orinoco, que había quedado en suspenso ante la falta de acuerdo sobre las condiciones para su desarrollo.

Demanda

El Gobierno estudia presentar una acción legal contra la petrolera estadounidense ConocoPhillips, que lanzaría una opción de compra sobre la participación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en una unidad de coque de una refinería en Texas, en Estados Unidos.

"Lamentablemente profundizamos cada día más en la vía del litigio. Vamos a responder del mismo modo. Nuestros abogados van a demandar. Eso no va nada bien", aseguró Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, a un grupo de periodistas.

Conoco aseguró que notificó a PDVSA en agosto que ejercerá la opción para comprar 50 por ciento de la participación que tiene la estatal venezolana en la unidad de Merey Sweeny, en Texas, cuyas acciones están repartidas en partes iguales entre ambas petroleras.

Merey Sweeny es una unidad de coquefacción retardada, con una capacidad para procesar 70 mil barriles por día en la refinería estadounidense Sweeny.