A menos de 48 horas de que el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, introdujera la solicitud de una investigación penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Globovisión, ya se tiene respuesta. Fue designada la fiscal 42 del área metropolitana de Caracas, Rosa Bueno Monsalve, quien será la que determine los responsables de las acusaciones que Cabello le hace al canal de noticias.

El responsable de Conatel solicitó el pasado lunes la apertura de un procedimiento penal a la planta televisiva por considerar que estaban incumpliendo con las leyes al difundir unos mensajes de texto en el programa Buenas Noches, en los que -a su juicio- se "incitaba al desconocimiento de las instituciones, a la realización de un golpe de Estado y a la generación de alteraciones del orden público, atentando presuntamente contra la seguridad de la nación''.

"Los mensajes se transmitieron en un contexto en el cual se promueven las manifestaciones públicas, con lo cual se podría estar generando un clima de tensión y zozobra en la colectividad", es parte de lo que reza su denuncia.

Alterno al proceso de la Fiscalía, Conatel también inició un proceso al canal, por el mismo caso. De determinarse que el canal incumplió la ley podría ser cerrado por 72 horas o perder la licencia de transmisión.

Por otra parte, la asociación civil Somos Radio, a través del locutor Rafael Cadavieco, asistió ayer a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas para pedir una audiencia con el titular de esa cartera por las declaraciones que éste habría hecho el lunes sobre querer reunirse con organizaciones independientes de la radio para tratar el tema de las próximas 29 estaciones que cerrará. "Le estamos tomando la palabra", dijo Cadavieco, quien estima que en un lapso no mayor a 48 horas le den respuesta.

Azocar en el limbo

Pedro Rey García, abogado defensor del periodista Gustavo Azócar, declaró a La Verdad que el juicio del comunicador social está en el "limbo" desde la suspensión de la jueza Fanny Jasmina Becerra el pasado miércoles. A una semana y un día de haberse tomado la decisión firmada por Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la corte no da respuesta al caso judicial que -según García- llevaba un exitoso desarrollo.

"El proceso en este momento se encuentra en el limbo ya que los tribunales se encuentran de vacaciones judiciales y aunque la corte de apelación del circuito judicial penal industrial se encuentra laborando no ha tomado las decisiones respectivas para continuar con el caso". Refirió que recurrieron a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para buscar una solución pero no obtienen respuestas.